Hoy se conoció en Washington la declaración conjunta entre Estados Unidos y Guatemala sobre los acuerdos que se han alcanzado para sustituir al de Tercer País Seguro que se venía elaborando por exigencia del gobierno de Trump y los mismos implican una serie de acciones que se tendrán que llevar a cabo entre los dos países, con lo que se le juega la vuelta a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad.
Según el comunicado ambos países siguen haciendo importantes progresos en busca de una forma integral para abordar el tema de la migración irregular y cooperan en diversas iniciativas para reducir ese flujo y asegurar seguridad y protección a la población vulnerable, especialmente a los niños. Dice que se han celebrado ya varios acuerdos cuyos términos fomentan la colaboración para ampliar la capacidad de recepción de migrantes, la adjudicación de reclamos de protección, la vivienda y la infraestructura necesaria para las deportaciones, para trabajar en cooperación con organizaciones internacionales de manera que ambos gobiernos puedan armonizar las regulaciones de inmigración y mejorar los sistemas de protección, buscando también crear condiciones que atraigan a sus propios ciudadanos e inversionistas extranjeros a través de la fuerza laboral y el desarrollo de la infraestructura.
No hay aún texto conocido de esos acuerdos y el comunicado indica que se incrementará la oferta de visas de trabajo temporal para guatemaltecos dedicados especialmente a la agricultura pero es importante destacar que todo lo que se ofrece queda cojo si en el país no hay un serio esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de la gente y para acabar con la impunidad que alienta la corrupción y los acuerdos entre poderes fácticos para usufrutuar todos los beneficios que el país puede generar.
Aparte del comunicado será importante establecer el contenido de los acuerdos ya celebrados, según la afirmación, y que no han sido del conocimiento de la población guatemalteca ni de las instituciones nacionales que tendrán que ratificar todo aquello que implique un compromiso para nuestro país. El Gobierno de Guatemala tiene obligación de transparentar esos acuerdos y ponerlos a disposición de la ciudadanía para que se pueda tener un serio debate sobre la conveniencia o no de lo que, a escondidas y tras bastidores, llegaron a concretar en las últimas horas.
Todo lo que no aborde seriamente el tema de la miseria y el abandono existente para la población guatemalteca resulta inútil y no será suficiente para contener el flujo migratorio y corresponderá a la CC determinar si los acuerdos se ajustan a nuestra Constitución y la legislación interna.
