Ayer, tras conocerse que la Corte de Constitucionalidad desafió al presidente Morales, quien había advertido al presentar su informe que no obedecerá lo que resuelva la CC, el Gobierno de Estados Unidos decidió modificar el procedimiento para solicitud de asilo o refugio estableciendo que tal solicitud tiene que presentarse desde alguno de los países de la ruta del migrante, lo que supone que hondureños y salvadoreños deberán hacerlo desde Guatemala y los guatemaltecos desde México. Los que lleguen directamente a la frontera no podrán pedir asilo o refugio, modificando así el procedimiento tradicional basado en el derecho internacional y las leyes de Estados Unidos.
Inmediatamente la American Civil Liberties Union (ACLU) anunció que impugnará ante los tribunales de Estados Unidos la decisión ejecutiva tomada por el gobierno de Trump y anunciada conjuntamente por los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional luego de la reunión que sostuvieron con los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores de Guatemala, lo que anticipa que tanto allá como aquí se iniciará una larga batalla legal cuya única diferencia es que, al menos hasta ahora, lo que resuelvan los tribunales norteamericanos es acatado aunque sea a regañadientes y con disgusto por el Ejecutivo, mientras que en Guatemala se llegó a la desfachatez de que el Presidente le advirtiera a la Corte de Constitucionalidad que no obedecerá sus fallos.
En otras palabras, de facto se establece que es un tercer país el que tiene que hacerse cargo de los refugiados porque EE. UU. no atenderá más solicitudes presentadas en la misma Frontera Sur. La disposición aplica, obviamente, a los solicitantes hispanos provenientes de Centroamérica para quienes, de hecho, se dispone por decisión ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, que desaparece la figura del asilo o del refugio tal y como se establece en el derecho internacional. Un inmigrante noruego o de cualquier país eminentemente blanco no tendrá esa limitación que se aplica a aquellos que Trump, desde su campaña, calificó como criminales, violadores, traficantes o pandilleros, estereotipando así a los de origen hispano, lo que confirma el carácter racista de la decisión.
El caso es que a partir de hoy cualquiera que se presente directamente en la Frontera Sur de Estados Unidos solicitando asilo verá rechazada ipso facto su solicitud con base en la nueva normativa. Por ello es que distintas organizaciones relacionadas con derechos civiles (o derechos humanos) accionarán casi de inmediato ante distintos jueces y tribunales federales para impugnar la orden que tiene todos los indicios de una fuerte motivación racista en contra de inmigrantes hispanos.
