Francisco Cáceres Barrios
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Antes de todo, debemos estar claros en cuanto al significado de las palabras en nuestro idioma. El que gobierna un país acepta ser mandatario del mandante, quien lo elige o sea el pueblo, a él debe responderle por los daños y perjuicios que le causare por hacerlo mal o por no hacerlo. En cambio, el propietario es el dueño de algo y puede hacer con él lo que mejor le plazca. Siendo el señor Jimmy Morales, quien ejerce las funciones de mandatario, debe rendirle cuentas al pueblo, ya fuera directa o indirectamente. En el último caso, es cuando debe hacerlo a través del Congreso de la República, quien podrá darle o no su aprobación.
Por lógica y por definición de las normas que regulan la política exterior de un país, firmar convenios que atenten contra la soberanía del mismo no le está permitido al mandatario y, por tratarse de un asunto de especial trascendencia para el mismo, soy del criterio que debiera ser sometido a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos, lo que también se llama “Consulta Popular”. Digo lo anterior, porque los colaboradores del presidente Morales debieron haberle advertido antes de su partida hacia Washington, Estados Unidos, para continuar las pláticas sobre la idea de que Guatemala se volviera “Tercer País Seguro”, que no podían culminar con la firma de un documento, compromiso, arreglo o como quiera llamársele, pues las consecuencias que traería consigo serían de carácter “impredecible e inconmensurable” tal y como lo calificaron varios excancilleres cuando interpusieron el respectivo amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
Como antes comenté, un amigo me advirtió muy al principio del mandato de Jimmy Morales, de la arrogancia y prepotencia que caracterizaba su personalidad pero, para ser sincero, creí que estaba exagerando y que a la hora de tomar decisiones era de esperarse que se ceñiría a la lógica y a los valores y principios que debieran regir el alto cargo que desempeña. Pero por lo visto, andaba cortando varas, pues seguí pensando que nunca prevalecerían sus intereses o conveniencias personales al interés nacional, ni que podría dejar de lado al pueblo que le había conferido la responsabilidad de dirigir sus destinos, como que por principio se enmarcaría siempre dentro de la ley.
Faltando tan solo seis meses para cumplir el período para el cual fue electo, me pareció improbable que Jimmy Morales y sus colaboradores fueran a cometer tantos, contundentes y repetitivos errores, como este último, que dejaría prácticamente hipotecado nuestro territorio, comprometiendo a la vez su desarrollo económico y social por un largo período de tiempo pero, al conocerse el fallo de la CC que confirma lo expuesto en este comentario, no nos queda otra que esperar del Presidente el acatamiento del mismo, pues de lo contrario, tendríamos que pelear a brazo partido el cumplimiento de nuestra Constitución y así, impedir a toda costa los daños y perjuicios que seguramente le causaría a nuestra nación.
