El negocio de la compra de los aviones y el propósito de firmar un acuerdo con Trump para que Guatemala funcione como Tercer País Seguro para contener a los que buscan refugio en Estados Unidos son dos claros ejemplos de cómo un gobierno se puede saltar las trancas pasando por alto elementales principios de la legalidad. En el primer caso fue tan burdo que hasta la Contraloría, que está bajo la influencia del Pacto de Corruptos, tuvo que reconocer que el convenio internacional con Argentina no era el instrumento para amparar la operación y de esa cuenta se ha dado marcha atrás al despropósito, aunque solo sea para ajustar la compra a nuestra legislación.
Y lo mismo pasa con el tema del Tercer País Seguro, lo cual implicaría un acuerdo internacional que tiene por fuerza ser ratificado de conformidad con las leyes del derecho internacional y no puede dejarse simplemente al capricho de un trío de funcionarios por mucho que uno de ellos sea el Presidente de la República.
Durante varias semanas el Ministerio de Gobernación ha negociado con el Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos el tema de la contención a los migrantes, sin tomar en cuenta que las relaciones internacionales son competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento de Estado. Un simple convenio entre Gobernación y Home Land Security no puede ser la base para la creación en nuestro país de los centros de detención de quienes buscan refugio en Estados Unidos para escapar de la miseria e inseguridad en sus propios países.
Es cierto que en el mundo entero se está viviendo una situación de irrespeto a las normas elementales de la convivencia humana porque en nombre del pragmatismo se ha trastocado el orden jurídico en muchos lugares. Pero no podemos permitir que eso siga ocurriendo en Guatemala con un gobierno que además de corrupto es incapaz y que no respeta la legalidad.
El amparo interpuesto por excancilleres y diplomáticos versados en temas de derecho internacional tiene que ser conocido con diligencia y prontitud por la Corte de Constitucionalidad para evitar el desaguisado irreparable de que nos convirtamos en los carceleros de Trump para detener a los migrantes que con base en la ley están buscando refugio en Estados Unidos.
Porque no se trata de migrantes ilegales, sino que es gente que se presenta en los puntos fronterizos buscando asilo o refugio de acuerdo a las leyes y que Estados Unidos quiere retener en Guatemala mientras se resuelve el proceso, lo que toma varios años.
