Francisco Cáceres Barrios
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Me refiero en el titular de este comentario a una frase empleada por la magistrada Beyla Estrada quien, como integrante de la Sala Tercera Penal de la Corte de Apelaciones, dio declaraciones al Diario La Hora, publicadas en la página dos, de su edición del pasado seis de julio del año en curso, refiriéndose a la publicación del Jefe de la FECI, licenciado Francisco Sandoval quien estuvo en total desacuerdo con la resolución dictada por dicho tribunal, al absolver a varios de los condenados en los Casos IGSS-Pisa-Chiquimula. Aquí es donde digo que respeto las opiniones que se viertan en lo individual o a un medio de comunicación, pero jamás podré estarlo con fallos que, ante los ojos de expertos, como de la ciudadanía en general, resultan totalmente incongruentes con la realidad.
Es que no es la primera vez que los integrantes de dicha sala hacen hasta lo imposible por desacreditar su ocupación, como sucedió cuando se le negó la justa petición de quitarle la inmunidad al exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen; cuando al hermano e hijo del presidente Morales los dejaron en libertad condicional; cuando anularon la resolución de la jueza Erika Aifán, al enviar a juicio al ciudadano ruso Igor Bitkov; cuando cerraron provisionalmente el proceso en contra del exministro de la Defensa, por la evidente sustracción de los recursos del Estado, autorizándole al presidente Jimmy Morales y a altos mandos de Ejército grandes sumas de dinero o cuando los integrantes de dicha sala, denunciaron injustamente a la jueza Erika Aifán por suponer que intentaba destruirles su honra y dignidad.
Esa es la razón de escribir este comentario, porque somos miles los ciudadanos preocupados sobremanera porque nuestra justicia cayó en el precipicio del descrédito y del desprestigio cuando con tal de contener la lucha contra la corrupción y la impunidad, se han venido utilizando argumentos poco sólidos o valederos, como el decir que una persona que presta sus servicios al Estado y percibe de él una remuneración no es funcionario o empleado público, utilizando el baladí argumento que fue contratado bajo el renglón presupuestario 029.
Cualquier juez podrá asegurar a un medio de comunicación que jamás se asociaría con algo cercano a un tema de impunidad; también podrá alegar que es una persona de derecho; que gusta de aplicar la justicia, como saber por qué Dios los puso en el cargo que desempeña pero, como bien dice el refrán: “del dicho al hecho hay mucho trecho”, cuando esa es la razón fundamental del porqué la opinión pública dejó hace rato de creer en la justicia guatemalteca, no solo por el cúmulo de falacias que sustenta su criterio sino porque no se puede tapar el sol con un dedo. ¿A estas alturas qué miembro de la sociedad guatemalteca puede asegurar que la justicia es pronta, eficaz y aplicada sin interés alguno, sabiendo los nexos de interés que hay de por medio?
