No es de ahora que la Contraloría General de Cuentas de la Nación sea uno de los pilares de la impune corrupción en el país aunque en esta ocasión fue más burdo el comportamiento del Congreso, y del Pacto de Corruptos, al designar al titular de esa dependencia que debiera ser fundamental en el control y fiscalización. Tampoco es nuevo que el Ministerio Público se haga de la vista gorda de los negocios de corrupción porque aún en sus mejores épocas, cuando se dedicó a perseguir delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno, se hizo de la vista gorda frente al montón de trinquetes realizados por funcionarios y sus socios particulares. Fue apenas del 2015 al 2018 cuando el MP cumplió con su obligación y se esforzó, junto a la CICIG, en perseguir a los corruptos.
Viene a cuento todo lo anterior porque se anuncia con bombos y platillos el plan que implementará el Micivi para “modernizar el aeropuerto La Aurora” mediante una millonaria inversión público-privada en medio de esa ausencia absoluta de fiscalización que permite la realización de los más burdos negocios. Trinquetes al estilo del agua mágica que la entonces Vicepresidenta presentó como la pócima para limpiar el lago de Amatitlán han sido corrientes y de no haberse dado ese breve período de enérgica acción penal en contra de los sinvergüenzas ese hubiera quedado como uno más de la larga lista de negocios sucios realizados desde las esferas de poder político o económico.
Llama la atención la súbita diligencia y preocupación que muestran ahora muchos funcionarios para atender problemas de su jurisdicción cuando están a pocos meses de tener que entregar sus cargos. Durante tres años y medio no hicieron nada y sus ejecuciones presupuestarias fueron pobres, aún con el despilfarro de cada fin de año, cuando para elevarlas gastan a manos llenas. Y si bien es cierto que el Aeropuerto La Aurora amerita inversión y remozamiento, también lo es que cabe decir que “bando al baboso que se trague la patraña de que están planificando algo sin buscar que les quede untada la olla”.
Con una Contraloría que se avispó para atender la demanda de los diputados del Pacto de Corruptos para castigar a la exfiscal Aldana y un Ministerio Público que con esa misma exfuncionaria ha demostrado cuán al servicio está de los pícaros, es imposible esperar que ese nuevo negocio pueda ser siquiera medianamente auditado y controlado porque ambos, Contralor y Fiscal General, fueron nombrados precisamente para asegurar la fiesta de la impunidad para los corruptos.
