Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
El día sábado se conoció otra parte del rompecabezas de impunidad en el país, cuando la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal decidió absolver a los implicados en el Caso IGSS-Pisa. La sala se conforma por Jaime González, Zonia de la Paz y Beyla Estrada, esta última fue entrevistada por este medio de comunicación.
La magistrada Estrada dio sus argumentos del porqué de la resolución y dijo que ella “no podría asociarse con algo cercano a la impunidad” y me hizo recordar la resolución de esa misma sala cuando solo tenían que decir si había lo suficiente para formar o no causa contra Álvaro Arzú y de una vez salieron a absolverlo y criticar a los investigadores. En aquel momento, el Alcalde era aliado del jefe de su esposo, nada más y nada menos que Jimmy Morales.
Ayer sale el grupo Pro Justicia a denunciar que la otra magistrada de la sala, Zonia de la Paz, habría sido una de las que negoció la planilla única de los que integrarán la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dice Pro Justicia: “En la asamblea de magistrados del 27/6 se confirmó que Zonia Santizo y cuatro magistrados más negociaron quiénes serían los 12 colegas que postularán candidatos a la CSJ. La negociación la habría encabezado Gilma Valladares, mencionada en los casos #Bantrab y #ComisionesParalelas”.
La Hora profundiza más pero todo apunta a que quienes negociaron esa planilla y están tras los esfuerzos de impunidad, han sido parte de la “prostitución” de la academia que ofrece licenciaturas, cursos, diplomas, doctorados y un rosario de prebendas “académicas” para lograr su cometido. De esa cuenta ha trascendido que la Universidad Da Vinci ha contratado a profesionales de la comunicación para marcar distancia de esos esfuerzos que han utilizado la Facultad de Derecho para algunos de los propósitos anteriores.
Y esto es solo un ejemplo, porque así como se mueve este grupo operan otros cuyo único fin es la cooptación de la justicia para lograr impunidad y cobrar millones a clientes desesperados a los que poco les importa cómo obtienen su libertad, solo les interesa quedar en impunidad.
Operadores de antaño de las Cortes lo hacen, incluso desde el extranjero o en prisión y se suman a los que estando afuera y habiendo sido rechazados en las urnas, se lanzan a asegurar un modelo que les ha permitido hacer mucho dinero, aunque eso signifique aniquilar la justicia en Guatemala, tal y como advirtió Amnistía Internacional.
Mucha gente está inconsolable por la forma en la que ha avanzado la impunidad pero no hay que perder de vista que para inclinar la balanza en favor de quienes no deseamos impunidad, un factor clave es la reforma al Sector Justicia. No por gusto en 2016 hasta quienes “eran enemigos” se unieron para bloquear la reforma aunque hayan tenido que usar los argumentos más burdos para lograrlo, apelando al miedo de la gente.
Si los guatemaltecos terminan de entender cómo se tejen las redes y alianzas de impunidad, verán de forma tan clara la necesidad de reforma. Hay algunas planillas decentes en el Colegio de Abogados para integrar las Comisiones de Postulación, pero la tienen cuesta arriba porque los operadores de la impunidad se decidan 24/7 a dar cursos y diplomas a abogados en todo el país para asegurar “su lealtad” en sus perversos deseos de impunidad y en las urnas del Colegio de Abogados.
No se rinda, pero céntrese en que se reforme la justicia porque si se logra, será el principio del cambio y si no se lo logra, es la confirmación del reinado de la dictadura de la corrupción y la impunidad.
