Raúl Molina
Los acontecimientos alrededor del 30 de junio han mostrado que, de la mano de Jimmy Morales, la tuerca de la militarización del Estado y la sociedad se ha apretado, con las consiguientes amenazas a la paz y el desarrollo del país. Un país pobre que invierte un alto porcentaje de su Presupuesto en asuntos militares, incluidos gastos en dos aviones y un buque totalmente innecesarios, en vez de paliar la tremenda pobreza de las grandes mayorías, jamás logrará su desarrollo y mucho menos la paz. El cuantioso presupuesto de un Ejército sin peligro de guerra es absurdo e inmoral. Con gran descaro, las fuerzas armadas se pasan por encima de la contratación legal, y con el mismo descaro pasearon en su presunto día a sus soldados y oficiales por las calles de la ciudad, en afrenta a las víctimas de la represión estatal -200,000 muertos, 45,000 detenidos-desaparecidos, un millón de desplazados internos y 300,000 refugiados en países vecinos, sin haber nunca pedido perdón y sin brindar la información mínima para encontrar los restos de las personas asesinadas. La información ha existido, como en el “diario militar”, y existe, como parcialmente hay en los Archivos de la Policía Nacional que el Gobierno ha confiscado y en muchas bitácoras más. Es un Ejército aún enemigo de su pueblo, décadas después de terminado el conflicto.
Si bien Jimmy Morales viste de civil, tiene mente de militar y su principal lealtad es hacia los militares y exmilitares que hicieron posible que llegara a Presidente, y que lo han sostenido para ignorar los reclamos de su renuncia que la ciudadanía mantiene desde hace dos años. A cambio de esos grandes favores, el Gobierno actual ha transferido millones de dólares para los proyectos forestales de ex PAC -deuda inacabable y totalmente injusta- que terminarán convirtiendo a El Petén en un desierto; negocia la entrega de diez mil dólares por persona a exmilitares que ya recibieron su correspondiente indemnización al jubilarse o retirarse; y ofrece hacerse de la vista gorda y garantizar impunidad frente a fraudes y actos de corrupción, como la compra de equipo militar bajo de agua y altamente sospechosa. Al igual que los gobiernos del PAN y de la GANA privatizaron cuanto servicio del Estado pudieron poner a la venta, Jimmy Morales se ha encargado de trasladar al Ejército funciones básicamente civiles, verdadera militarización de los servicios públicos, como la atención de desastres, la construcción de carreteras y obras públicas, la seguridad interna y, ahora, no la protección sino que la represión a las y los migrantes. Peor aún, ha insistido en militarizar las mentes en la sociedad, particularmente de la juventud y la niñez, para que la presencia militar en las calles, que ofende a la vista de cualquier extranjero, resulte un asunto normal en la Guatemala del futuro que se está generando. La militarización es ominosa; pero proseguirá a pasos agigantados si la ciudadanía no enfrenta a la oficialidad mafiosa y si no echa a la dictadura de la corrupción. Afirmo que corrupción y militarización están sucia e íntimamente vinculadas y constituyen el eje del ejercicio del poder.
