Luego del más enredado y complejo proceso electoral de la historia reciente, en el que a dedo se dispuso qué candidatos participaban y cuáles no, ayer el Tribunal Supremo Electoral validó oficialmente los resultados de los comicios del pasado 16 de junio y fijó para el 11 de agosto la fecha de la segunda vuelta electoral entre los candidatos Sandra Torres y Alejandro Giammattei, quienes en conjunto obtuvieron el 39.31 por ciento de los votos válidos, lo que significa que no fueron la opción para más del sesenta por ciento de los electores.
El Tribunal Supremo Electoral hizo ver que en elección presidencial, no existen impugnaciones válidas que puedan alterar los resultados y por lo tanto decidió oficializar el ya conocido para convocar a la segunda vuelta y permitir a los dos contendientes el inicio de su campaña que se vio reducida en dos semanas por la tardanza provocada tras el descalabro del sistema informático para la divulgación del cómputo de los votos emitidos.
No emitieron opinión los magistrados sobre la denuncia más seria y concreta respecto a acciones para influir en el resultado electoral, como fue la masiva compra de votos que, sin resultados positivos, intentó hacer el gobierno erogando dinero a través del Ministerio de Agricultura en bonos repartidos graciosamente en distritos en los que el oficialismo pretendía levantar una mejor votación a su favor. En otras palabras, lo más cercano a un fraude electoral, perpetrado por el gobierno y el partido oficial, no mereció ninguna atención de parte de un Tribunal Supremo Electoral que, con sus actuaciones, es responsable del más enredado proceso electoral que hayamos vivido después de la trágica época de fraudes electorales perpetrados para perpetuar una dictadura militar con careta de democracia.
La mayor distorsión del proceso estuvo en esa compra de votos y en la forma en que se excluyeron algunas candidaturas mientras se favorecían otras que estaban cuestionadas por acciones legales presentadas “convenientemente” por un Ministerio Público que fue parte importante de las jugadas, además de que el financiamiento electoral ilícito siguió campeando tanto de parte de financistas que se benefician del régimen de corrupción como del mismo crimen organizado y el narco que logró colocar a su partido político como la tercera fuerza en el Congreso de la República.
Obviamente no dejó buen sabor de boca el “ejercicio democrático” que ayer fue oficializado por el TSE y habrá que hacer profundas revisiones legales para impedir que en el futuro los mismos vicios puedan acabar con la ilusión de democracia en este deteriorado país.
