Roberto Arias
El titular del Diario La Hora del jueves 27 de junio afirma que: “Magistrado Jorge Mario Valenzuela explicó que cuando finalicen las acciones del MP denunciarán a las personas que han gritado fraude. TSE ANALIZA DENUNCIAR LAS ACUSACIONES DE UN FRAUDE. Dice que el actuar de las fiscalías esclarecerá lo sucedido y que el Tribunal no tiene relación con los hechos que personas “cobardes les achacan” (sic).
En pág. 3 de ese mismo ejemplar del Diario La Hora dice en su entrada: “El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Mario Valenzuela, dijo esta mañana en la reunión de fiscales de los partidos políticos que al terminar las acciones del Ministerio Público (MP), se presentaran las acciones penales en contra de las personas que han gritado fraude.” (sic).
Encima del enorme conflicto en el que nos metieron actualmente esas autoridades guatemaltecas a raíz del proceso electoral, nos limitan decir que no hubo fraude o que sí hubo fraude. Al guatemalteco le coartan su libre emisión del pensamiento hablado, gritado o por escrito y el artículo 35 de la Constitución de la República vale un rábano.
Los primeros en decir, irresponsablemente, que no hubo fraude electoral en los recientes comicios en Guatemala fueron los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como siempre la OEA felicitando o lambisconeando a quien resulte ganador, por intereses más que conocidos.
Los magistrados del TSE, con su autoridad, sí pudieron decir al pueblo de Guatemala que en los votos para la elección presidencial “No hubo fallo alguno”, aún sin que se iniciaran los nuevos conteos de votos y las revisiones técnicas que exigió el Ministerio Público, sin que alguien les ofrezca acciones penales por defraudar a la población con la irresponsabilidad de afirmar algo que no les consta. Mientras tanto, el conflicto persiste y la amenaza de acciones penales también, contra quienes “cobardemente” se atrevan a especular y/u opinar.
Sin embargo somos todos testigos, por los medios, que hay pruebas razonables de anomalías que deslegitiman las elecciones y en consecuencia si de aquí surge un gobierno, podría ser peligrosamente… un gobierno ILEGÍTIMO.
Se debe recordar a los magistrados del TSE que existen suficientes pruebas circunstanciales para pensar en un fraude concertado, debido a dudosos fallos de las cortes y de ellos mismos, analizados por instancias nacionales e internacionales plasmados en los medios de comunicación.
A Guatemala se le empuja por el despeñadero con acciones autoritarias y tiránicas que riñen con los dictados constitucionales y con acciones que riñen también con la soberanía y la libertad que, desgraciadamente están cooptadas por el crimen organizado, políticas y gobiernos extranjeros y el capital recalcitrante nacional y extranjero arraigados en nuestro país, que funcionan con leyes propias y diplomáticos que violan impunemente la Convención de Viena.
Dice un “Meme” en las redes: “Todo aquel que diga fraude será llevado al bote. Desde hoy todos juntos diremos que hubo; CHANCHUY.” (sic).
