Luis Enrique Pérez
En una reciente declaración oficial, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral negaron que haya sido contratada una empresa para transmitir datos sobre los votos emitidos durante las elecciones generales celebradas el pasado 16 de junio. Negaron que haya habido una alteración “sistemática” de datos. Admitieron que se cometieron errores en la transmisión de datos. Y reconocieron que pudo no haber concordancia entre datos de las actas de las juntas receptoras de votos, y datos “digitalizados” para ser presentados públicamente, y por ello se había iniciado la revisión de las actas.
La declaración me interesó, no por aquello que los magistrados negaron, o admitieron, o reconocieron, o por haberse iniciado la revisión de actas. Me interesó por una sorprendente aserción de ellos sobre el cómputo de votos en la elección presidencial: “no hubo ninguna falla”.
Es una aserción sorprendente porque invita a plantear cuestiones como las siguientes. Primera, no deben ser revisados los datos sobre votos en la elección presidencial porque “no hubo ninguna falla”. ¿Es así, magistrados? Segunda, no es necesario comprobar cuántos votos obtuvo realmente cada candidato presidencial, porque “no hubo ninguna falla”. ¿Es así, magistrados? Tercera, tiene que admitirse oficialmente que Sandra Torres y Alejandro Giammattei fueron los candidatos que obtuvieron más votos, porque “no hubo ninguna falla”. ¿Es así, magistrados? Cuarta, todavía no se reconoce oficialmente que ellos son los contendientes en una nueva elección, aunque “no hubo ninguna falla”. ¿Por qué no se ha reconocido, magistrados? Y quinta, todavía no se ha convocado a celebrar una nueva elección presidencial, aunque “no hubo ninguna falla”. ¿Por qué no se ha convocado, magistrados?
Es igualmente sorprendente que el tribunal afirme que, para comprobar que en la elección presidencial “no hubo ninguna falla”, la población debe “analizar que las encuestas serias previas arrojaban el mismo resultado.” Es decir, el tribunal insinúa que esas encuestas confirman que, en tal elección, “no hubo ninguna falla”. Los magistrados cometen un descomunal error, próximo a una rara estupidez, porque las cifras de votación pueden ser empleadas para juzgar sobre la validez o no validez de las cifras de las encuestas “serias”; pero las cifras de estas encuestas no pueden ser empleadas para juzgar sobre la validez o no validez de las cifras de votación. Las cifras sobre votación son válidas porque corresponden al número de votos legalmente emitidos, adjudicado a cada candidato, y no por su correspondencia con cifras de encuestas “serias”, o “humorísticas”, o “bufonescas”.
En aquella misma declaración los magistrados incluyen esta ingenua exhortación: “Guatemaltecos, defendamos nuestro sistema electoral.” Por supuesto, debemos defenderlo; pero defenderlo no es defender a ellos. Ellos precisamente lo han atacado y lo han destruido, no necesariamente porque hayan pretendido cometer un fraude electoral, sino porque, por su ineptitud, su incompetencia, su negligencia o su irresponsabilidad, y por su indisimulado interés político y su sospechada corrupción jurídica, han suscitado la inquietante apariencia o la persuasiva verosimilitud de que han cometido ese fraude.
Post scriptum. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han enriquecido la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Y si finalmente esos magistrados no son sometidos a procedimiento penal, la culpa no castigada debería ser su prisión, y la vergüenza moral debería ser su destino.
