Marco Trejo
Pues es sencillo de responder: incertidumbre, descontento, apatía, violencia, porque eso es lo que priva en este momento, porque fue mezclado lo político con lo jurídico, para desarrollar un proceso electoral, donde se decide el futuro de un país, que se encuentra golpeado por problemas de alto impacto social, tales como: desnutrición, analfabetismo, carencia de alimentos, falta de puestos de trabajo, poco acceso a la salud, deteriorada infraestructura y una decreciente economía.
Eso es lo que pasa cuando los politiqueros y administradores de justicia meten las manos en una actividad que le compete directamente a un ente electoral, quién debe velar por el buen desenvolvimiento de una fiesta cívica, que tendrá como resultado final los gobernantes de los próximos cuatro años, para que ellos se dediquen a pensar en la fórmula para minimizar los impactos sociales que afectan a los gobernados.
Pero eso tampoco lo hemos visto, porque tuvimos una campaña sin propuestas políticas y más dedicadas a descalificar al oponente. Y si sumamos que los actuales congresistas no tuvieron la visión y prefirieron encaminarse por la senda de los intereses personales y partidistas, para no hacer bien las cosas, en lugar de haber legislado una Ley Electoral y de Partidos Políticos, congruente con el sentir ciudadano, lo cual evitaría el descontento post elecciones, que está desencadenando en hechos de violencia.
La mayoría de señalamientos devienen porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desecha in límine una petición de retiro de antejuicio contra la ganadora de la primera vuelta de elecciones, Sandra Torres Casanova, y más recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC), se lava las manos y le devuelve la pelota a los de la Corte Suprema. Todo esto crea incertidumbre, rumores y habladurías que son aprovechadas por los detractores del proceso.
Posteriormente, el 17 de mayo se saca de la jugada a la candidata del partido Valor, Zury Ríos, basados en un artículo constitucional que prohíbe a los familiares en primer grado de consanguinidad del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, ser candidatos presidenciables. Igual suerte corre la otra candidata Thelma Aldana, pero con otros argumentos y argucias, incluso tiene vigente una orden de captura.
Todas estas resoluciones jurídicas han motivado que la población ponga en tela de duda la transparencia del proceso electoral y si le sumamos que el Registro de Ciudadanos, ha avalado la inscripción de candidatos poco idóneos para ocupar un cargo público, se sigue sumando negativamente a la imagen institucional de una entidad que es la encargada de velar por la transparencia de las Elecciones Generales de presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados.
Entonces todo el meollo del asunto, es que los Partidos Políticos han encontrado en la cooptación de los entes de justicia, la forma de deshacerse de sus contendientes electorales, quienes amenazan sus ansías de poder, lo cual es totalmente inmoral, porque utilizan a los administradores de justicia para sus fines aviesos. Los tribunales de justicia están para aplicar las leyes y no para fines políticos de quienes procuraron que éstos ocuparan una judicatura o bien una magistratura de una de las Cortes.
Esto quedó más que evidenciado por la jueza de Mayor Riesgo, Silvia Verónica de León, quien asegura, en una entrevista a Diario La Hora, que “en las anteriores elecciones de magistrados se tuvo que pagar, que habían como cinco grupos en las Comisiones –de Postulación– y que a cada grupo había que darle como Q75 mil. Pero que cuando se enteró, se dijo: con razón yo no pasé y que por eso es que solo debe conformarse a llegar a Juez de Primera Instancia y no a cargos de magistrados de sala.
La togada De León en sus revelaciones dice: yo no voy a pasar, porque yo no voy a estar pagando para obtener algo, porque eso motiva a que yo después tenga que estar cobrando para hacer algo. Si yo pago, yo voy a cobrar, y si yo voy a cobrar yo me estoy prostituyendo. Si vamos a seguir con la administración judicial con ese mismo sistema de que hay que caerle bien al diputado, los jueces no tenemos oportunidad.
Pero estas revelaciones de la jueza Silvia Verónica de León, debemos oponernos a que las Comisiones de Postulación sigan politizadas y la responsabilidad recae directamente en el representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las Facultades de Derecho y un número equivalente de representantes electos por Asamblea General del Colegio de Abogados y otro grupo de representantes de los magistrados titulares de las Cortes de Apelaciones designados por el Instituto de Magistrados, quienes serán juzgados por la historia y recordados por el pueblo por sus acciones, buenas o malas.
