Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Acomodado el sistema tras la última elección, ahora el Pacto de Corruptos entra en una etapa crucial porque necesita asegurar que la elección de las Cortes, tanto de Apelaciones como la Suprema de Justicia, sea debidamente controlada desde las mismas Comisiones de Postulación para que los actuales diputados, muchos de ellos con la cola machucada, puedan elegir de manera que no se les vaya a colar ni siquiera un magistrado que no se comprometa a ser celoso guardián del régimen de impunidad que todos los que conforman el pacto necesitan para evadir a la justicia.
Sin una CICIG que pueda contener el trabajo de las Comisiones Paralelas, que en realidad son las que manipulan y manejan todas las postulaciones, el esfuerzo se concentra en asegurar que los listados que lleguen al Congreso cumplan con ese requisito de manera absoluta. Y no pensemos que en ese esfuerzo estarán sólo el oficialismo y sus aliados, puesto que hasta la misma UNE necesita también de protectores dentro del Sistema de Justicia, pues también ellos son de los que tienen la cola machucada por el tema del financiamiento electoral ilícito que terminó siendo el gran cohesionador, pues en el mismo costal entraron tanto los que recibieron el dinero como quienes lo pusieron para cooptar al Estado.
Mediante las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la complicidad de las Cortes para expulsar cualquier candidatura que pudiera resultar riesgosa para el sistema, se logró garantizar el control del Ejecutivo y el Congreso de manera que, a pesar de las intenciones de buena parte de la población, el fin de la lucha contra la corrupción se concrete. Pero les falta una parte que es vital y en la que no pueden dejar cabos sueltos, sobre todo tomando en cuenta los abundantes sobresaltos que ya vivieron del 2015 al 2018. El control de las Cortes es fundamental y corresponde a este Congreso, en evidente y típica situación de conflicto de interés, elegir a quienes serán los magistrados a cargo del control de la administración de justicia, no sólo en segunda instancia para detener cualquier osadía de jueces como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán, sino de la misma Corte Suprema para garantizar que allí tope cualquier solicitud de antejuicio que pueda haber quedado pendiente.
Ya se puso la tapa al pomo, pero falta aún cerrar definitivamente la rosca para garantizar que esa tapadera quede sellada y no permita que nada se salga de control. Por ello fue no sólo el esfuerzo anti CICIG para evitar que metieran sus narices en la elección de las Cortes, sino el rechazo a cualquier intento de reforma constitucional que modificara la manera en que se elige a los magistrados. El control del Ministerio Público es fundamental, como se está demostrando, pero finalmente termina dependiendo de una persona y no quieren sorpresas como la que les dio Aldana cuando se convirtió en pilar de la lucha contra la Corrupción. La forma de blindar al sistema y a quienes viven de él es el control absoluto del Sector Justicia y por ello la clave está en el proceso de postulaciones que ya está en marcha.
