Wálter Juárez Estrada
Toda persona es inocente y culpable en todas las instancias, la presunción de inocencia y la libre convicción están normadas en la Constitución de la República, en un debido proceso; es cuestionable que el Ministerio Público, del brazo de la CICIG en la víspera de las elecciones generales, 48 horas que se iniciara el proceso para elegir a las autoridades del país, iniciaran una cacería negra de acciones contra allegados del desaparecido líder Álvaro Arzú, con un antejuicio contra su sucesor Ricardo Quiñónez, acciones que debieron promoverse cuatro años atrás, cuando ganó la vara edilicia el dirigente del unionismo.
Hay cabos sueltos que la fiscal general Consuelo Porras debe de aclarar, en relación a casos muy puntuales: “El supuesto permiso por “seguridad” del fiscal de asuntos electorales” Oscar Schaad, en pleno proceso electoral, el permiso para ausentarse de sus labores del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, cuando promueve acciones penales por financiamiento ilícito contra el alcalde Quiñónez, el secretario edil Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza, antejuicio contra el ministro de Finanzas Víctor Martínez, ex concejal capitalino y otros unionistas, causando suspicacias la ausencia de sus funciones en plena actividad electoral, el registrador de ciudadanos Leopoldo Guerra Juárez.
Si efectivamente son reales las amenazas de muerte contra Schaad y su familia, no deben quedar en el limbo y es obligación del MP establecer si esas denuncias son efectivas, si devienen de aquellos grupos que están siendo juzgados por financiamiento electoral ilícito, que en su momento, podrían vincular a la dirigente unionista. Adversarios a la política de la municipalidad capitalina, han recorrido a las redes sociales con denuncias contra los allegados al expresidente Arzú, que deben ser aclaradas por los imputados.
Es motivo de duda la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdés, allegada al presidente Morales, dimisión que queda flotando en el ambiente como algo ilógico en pleno proceso electoral. Los actuales magistrados del alto tribunal llegaron a los cargos con el apadrinamiento de los diputados de los desaparecidos partidos PP y Lider. En la actual magistratura 3 magistrados dejaron los cargos: Vladimir Aguilar, Douglas Charchal y Blanca Aída Caal Dávila (de Stalling), por acciones ilícitas en su función. Se espera que en su momento se despejen las dudas de la salida del MP de Schaad, que en su gestión demostró capacidad que su segundo Rafael Curruchiche debe honrar y Sandoval no debe dejar desarticulada la fiscalía y son pocos días que le quedan de vida a la CICIG. En septiembre termina su mandato.
En proceso electoral podría prolongarse más del tiempo razonable, porque se da por hecho que los perdedores no se sentirán derrotados y afilan sus baterías para impugnar las elecciones, donde se erogaron muchos millones para el evento, que no fue del agrado de los postulantes, porque el proceso se judicializó, que causó dudas entre la población que a última hora decidió acudir a las urnas y demostrar que su voluntad no tiene precio, ni se compra… ni se vende…
