Wálter Juárez Estrada
El nuevo gobierno que tome posesión el próximo 14 de enero, debe presentar una iniciativa al Congreso, para modificar la ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para que cumpla a cabalidad lo que regula la Constitución en el artículo 232, como es “fiscalización de los ingresos, egresos, y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, las municipalidades, entidades descentralizadas y autónomas , así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas…” pero en la práctica no todo es la letra muerta que regula y norma la Carta Magna.
Durante el proceso electoral los funcionarios de la cita entidad extendieron y dieron vía libre a varios que se postularon para el proceso electoral, a diputados que tienen empresas de cartón con testaferros y alcaldes. Pero en algunos casos no fueron tan rígidos como el caso del alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar que en último momento le cancelaron su participación política, que ha sido severamente cuestionada por el agraviado que ha hecho severas críticas al TSE. Pero en cambio, el ente fiscalizador por paga o compromisos políticos, extendió finiquitos a alcaldes y quienes efectivamente tienen negocios fraudulentos donde reciben millones de quetzales producto del erario público, que debe ser investigado por la fiscalía de Asuntos Electorales del MP.
La CGC durante su función ha sido un organismo que no ha cumplido su labor. La forma en que se elige al Contralor luego de la depuración que hace la Comisión Postuladora, corre dinero, dejándose en manos del Congreso el nombramiento. El excontralor Carlos Mencos, se postuló como candidato a diputado por el distrito de Escuintla por la UNE, a quien hizo “favores” en el desgobierno de Colom. El actual Contralor Edwin Humberto Salazar Jerez, debe dar la cara y enfrentarse a los diputados para ser cuestionado del porqué extendió finiquitos por compromisos políticos o paga a alcaldes con procesos por mal manejo de fondos en el Ministerio Público y congresistas que tienen negocios con el sector oficial.
En la práctica la labor de la Contraloría es sumamente deficiente y es obligación del próximo gobierno y el Congreso, modificar su ley e investigar a fondo porqué a varios alcaldes y diputados con serios señalamientos se les extendió finiquito y se postularon para el proceso electoral, pese a que tenían prohibición tácita. El Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, deben ser más estrictos con la exigencia del finiquito. Pero si la ley de ese órgano de fiscalización no se modifica así como la elección del Contralor en los próximos procesos electorales, se volverá a presentar el mismo problema que hoy se cuestiona.
