Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer el presidente Morales salió a buscar a los medios para decir que si hay dudas o denuncias respecto al uso de los recursos públicos que hace el Ministerio de Agricultura repartiendo bonos antes de las elecciones, que se presenten al Ministerio Público para que investigue ese extremo, declaración que, para variar, fue avalada en reacciones de voceros del sector empresarial. Por supuesto que lo más conveniente para el gobierno es endosar el tema al inútil MP que ahora se limita a la labor vigilante porque es seguro que no harán absolutamente nada para avanzar en investigaciones serias para iniciar procesos a fin de castigar a los responsables de esa burda manera de comprar los votos con el mayor descaro posible.
Al fin y al cabo para eso fue nombrada Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y el asunto quedará en el limbo como tantas cosas que implicarían acciones contra personas vinculadas al gobierno. El mismo Tribunal Supremo Electoral, ente llamado a garantizar la pureza de los comicios, se ha hecho de la vista gorda, al tiempo en el que, mediante supuestas amenazas, se despacharon al titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, justo cuando empezó el reparto de las dádivas en un gesto que no puede ser más obvio en cuanto a la intención de comprar votos de una ciudadanía que, agradecida, debe dárselo a los candidatos del partido oficial o de los otros que forman parte del Pacto de Corruptos.
Por supuesto que, como dijo el vocero de una de las entidades gremiales, el gobierno tiene obligaciones con quienes reforestan o quienes sufren por los efectos de la sequía que nos agobió. Pero una cosa son esas obligaciones y otra la forma en que se están “cumpliendo”, repartiendo los bonos en las mismas sedes del partido de gobierno o delegando a los candidatos a puestos de elección popular la tarea del reparto. Y, por supuesto, sostienen que si hay dudas sobre el manejo deben presentarse ante los entes investigadores, como si la confianza en el MP no estuviera limitada a quienes son parte del esfuerzo por aniquilar la lucha contra la corrupción, tarea que ha permitido aglutinar tanto a los políticos como a las élites del país.
Todo indica que el arroz ya lo tienen cocinado gracias a la forma en que se manejó todo el proceso electoral y ahora se lavan las manos diciendo que corresponde al inútil Ministerio Público, castrado desde la llegada de Consuelo Porras, indagar si hay o no mal manejo de los recursos del Estado. De milagro no dijeron que también esperaban que la Contraloría investigue, porque allí colocaron a un Contralor con las mismas instrucciones que dieron a Porras, es decir, hacerse babosos de todo lo que pueda ser comprometedor para alguien que sea parte del pacto.
La idea de volver a los tiempos pasados, de total impunidad, se ha concretado. Y lo prueban las cínicas expresiones que ahora piden que se certifique lo conducente a un Ministerio Público que es tapadera de los pícaros.
