Desde el 2015 la Fiscalía de Delitos Electorales asumió un papel proactivo para la persecución penal de quienes incurrieran en el delito de financiamiento electoral ilícito y de esa cuenta se lograron presentar los casos relacionados con la cooptación del Estado y con la forma en que el actual partido oficial, FCN-Nación, encubrió aportes por quince millones de quetzales que fueron entregados bajo la mesa para cumplir con el deseo del candidato presidencial y secretario general de ese entonces, Jimmy Morales, de mantener la apariencia de ser un candidato que hizo campañas con cascaritas de huevo.
Sin embargo, como ha ocurrido con otras fiscalías, la nueva política del Ministerio Público terminó convirtiendo en inútil a la encargada de atender el tema de los delitos electorales llamada por ley, ahora, a investigar todo lo relacionado con las erogaciones que ha hecho el Ministerio de Agricultura por varios millones y que han administrado descaradamente militantes del oficialismo que hasta instruyen a los receptores de esos “bonos” sobre la forma en que tienen que votar, extremo que ha sido debidamente acreditado y de lo que ayer se informó plenamente a quien interinamente dirige esa fiscalía.
El fiscal Oscar Schaad se hizo nombre y ganó prestigio por su acompañamiento a las investigaciones de la CICIG en materia de financiamientos ilícitos recibidos por los partidos políticos y todo ello bajo la dirección de la anterior Fiscal General. Sin embargo, el relevo en el Ministerio Público lo transformó a él, quien se convirtió en uno de los permanentes acompañantes de la señora Consuelo Porras, hasta que terminó pidiendo sorpresivamente una licencia de tres meses para apartarse del cargo justamente en el período más álgido del proceso electoral.
Eso hace pensar que respecto a lo que se ha denunciado sobre el manejo clientelar de los fondos del Estado, la Fiscalía que ahora dirige temporalmente el fiscal Curruchiche, adoptará también la postura “vigilante” que caracteriza al actual Ministerio Público y de allí no pasará. De hecho, este MP únicamente ha sido proactivo para perseguir con toda fuerza y vigor a la anterior Fiscal Thelma Aldana, mientras que en todo lo que tiene que ver con el Pacto de Corruptos se ha mantenido en una postura de pasividad que no puede sorprender a nadie porque, al fin de cuentas, se trata de una vuelta a la larga tradición de ser un instrumento de impunidad, sobre todo en los casos relacionados con la corrupción, como lo es la utilización de recursos del Estado para la compra de votos a favor del partido oficial.
