Ing. Sergio Penagos
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, justificó la petición que hizo el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Manuel Espina, al congresista demócrata Vicente González, en la cual se pretendía ubicar tropas del Ejército estadounidense en la frontera entre Guatemala y México.
Jovel dijo que esta solo fue una “idea” que se planteó a un inicio, cuando se empezó la discusión de cómo se enfrentaría a las estructuras criminales dedicadas al lavado de dinero, tráfico de drogas y de personas.
La (despistada) Canciller agregó que esta propuesta quedó descartada, porque desde hace 20 años Guatemala cuenta con la presencia de militares estadounidenses. Sin embargo, durante todo este tiempo estas fuerzas armadas de EE. UU., se han dedicado a labores humanitarias y no de protección de fronteras, como lo sugirió el embajador Espina, según dio a conocer González en su carta dirigida al presidente, Donald Trump.
Durante su visita al país, la semana pasada, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan, y el titular de la cartera de Gobernación, Enrique Degenhart firmaron un convenio (que no conoció el Congreso) para implementar medidas enfocadas en el área de seguridad a fin de reducir la migración hacia el país norteamericano. elPeriódico 04/06/19.
El Viet Cong comenzó a actuar en 1959, eran superiores al ARVN (ejército de Vietnam sur) pues en este último gobernaba la corrupción y unos mandos nefastos salidos de las familias de clase alta del país.
En 1960, llegó la intervención estadounidense en manera de asesores militares que entrenaban al ejército y les enseñaban nuevas tácticas, además de proporcionar armamento.
Abril 20, 2018
https://pacifista.tv/…/mitos-y-verdades-sobre-la-presencia-militar-gringa-en-colombia/
Han pasado casi nueve años desde que el presidente Álvaro Uribe Vélez por poco pone de cabeza al continente al firmar un acuerdo para que Estados Unidos usara siete bases militares en suelo colombiano: Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Tolemaida, Malambo, Larandia y Cartagena.
El entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez calificó a Colombia de “servidor del imperio”. El presidente boliviano Evo Morales propuso un referendo suramericano para definir este espinoso tema y el gobierno brasileño, por su parte, dijo que este acuerdo recordaba la Guerra Fría.
En Colombia, la controversia no fue menor, sobre todo, porque el acuerdo no pasó por el Congreso, como era debido. De hecho, este fue el argumento por el cual, en 2010, la Corte Constitucional lo tumbó y le ordenó al Gobierno volver a presentarlo. Lo que finalmente no hizo.
Valga citar las palabras del mismo almirante Tidd ante el Senado estadounidense. El militar dijo que consideraba a Colombia “nuestro socio estratégico más importante en la región”.
En resumen: con bases o sin ellas, Colombia es clave para los intereses de los Estados Unidos y aunque no sea de forma permanente, la presencia militar de los Estados Unidos es constante, sea en las cuasibases que menciona Bitar o sea mediante el entrenamiento en conjunto y la cooperación, sea con tecnología o con recursos. Mejor dicho: las bases ni fueron necesarias.
Desde Cuba
9 de agosto de 2018. Raúl Capote Fernández | internet@granma.cu
Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo, de ellas más de 76 en América Latina. Entre las más conocidas resaltan: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia y 8 en Perú, concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe.
El Comando Sur norteamericano, en marzo de 2018, hizo pública una información sobre su estrategia para nuestra región en los próximos diez años, los principales “peligros” o “amenazas” identificadas y el modo de enfrentarlas.
Desde entonces es poco o nada lo que se ha hablado del tema. Apenas una vez, en 2015, debido a que el historiador Renán Vega denunció en el informe que presentó a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que 53 mujeres habían sido violadas por militares estadounidenses apostados en la base de Tolemaida. Denuncia que, aunque se investigó, nunca fue esclarecida.
Y, desde entonces, la presencia de militares estadounidenses en Colombia ha permanecido, digamos, en un bajo perfil. Lo que no significa, de ninguna manera, que se haya acabado. Lo explica Sebastián Bitar, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en su libro “La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases”, publicado en 2017.
De acuerdo con un funcionario “de alto rango del Ministerio de Defensa” que Bitar entrevistó en 2012, tras el fallo de la Corte, “el presidente Santos entendió que los acuerdos de seguridad con Estados Unidos no tenían por qué ser formales o públicos para tener los efectos que ambas partes deseaban. Colombia continuó albergando operaciones estadounidenses en su territorio bajo acuerdos de cooperación previos, las cuales incluían entrenamiento militar, confiscación de drogas y operaciones relacionadas con comunicaciones y vigilancia, entre otras”.
Es lo que Bitar denomina “cuasibases”: “que no son aprobadas por las asambleas legislativas locales y no están sujetas a la supervisión institucional (y) proporcionan instalaciones que apoyan las operaciones de Estados Unidos en los países que las albergan”.
Pueden ser de tres tipos: Gas And Go, acuerdos que le permiten a aeronaves estadounidenses aterrizar y abastecerse de combustibles en las instalaciones de su aliado; de acceso temporal, es decir, con tiempos de permanencia estipulados; y, de acceso por largo plazo. Por ejemplo, en 2012, Estados Unidos todavía operaba desde siete instalaciones militares en Colombia y tenía 51 edificios y 24 instalaciones en arriendo, de acuerdo con el Base Structure Report de ese año.
En 2013, el Washington Post dio a conocer que la inteligencia estadounidense, en especial la CIA, había sido clave para la realización de varios operativos en contra de jefes guerrilleros. Otras operaciones han sido menos, digamos, secretas. Sobre todo: ejercicios conjuntos, brigadas e intercambios. Al igual que operaciones que, aunque dirigidas desde otros territorios, afectan de alguna forma a Colombia.
De estas operaciones hay dos claves: el Continuing Promise 2017, un programa para brindar servicios de salud a comunidades empobrecidas en Colombia, puntualmente, Mayapo, en La Guajira; y los ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, en la Amazonía, a finales de 2017, en virtud de la iniciativa AmazonLog 17. Maniobras que, valga decirlo, generaron preocupación en un vecino país que, aunque no fue invitado a participar, es clave: Venezuela.
Colombia no ha podido quitarse el inri de las drogas y ese sigue siendo el elemento, por lo menos, central en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Casi hasta el punto de decir que es por esto y no por otra cosa, que Colombia se mantiene, digamos, como prioridad para el gobierno estadounidense, pese a que, en general, el continente permanece en un segundo plano para Washington. Prueba de ello la inasistencia de Trump a la Cumbre de las Américas, en Perú, por enfocarse en la guerra en Siria.
