Por Jorge Santos
Tal y como se ha establecido en diversos informes, la criminalización se ha registrado en el Estado de Guatemala a través de la utilización indebida del sistema penal; la provocación de intranquilidad y zozobra; el desprestigio público que deslegitima y desmoviliza la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos y el uso de los estados de excepción. En los últimos años se ha manifestado en el contexto de la protesta social contra varios tipos de megaproyectos y más recientemente contra actuaciones de ciudadanos que se oponen a los intereses de la impunidad, la corrupción y el retroceso democrático y de derechos humanos.
Es evidente que durante los últimos años, la columna vertebral de la estrategia de violencia y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos impulsada por la élite económica, el poder militar y en buena medida el Sistema de Justicia, lo constituye la criminalización. Este fenómeno conocido como la criminalización debe de ser entendido como la aplicación arbitraria de la ley, la amenaza de su aplicación o la estigmatización de los actos, ideas y propuestas de las y los defensores.
A diferencia de la estrategia implementada durante la guerra, las distintas dictaduras militares al servicio del poder económico utilizaron el terror y la ejecución extrajudicial como el mecanismo de represión por excelencia; sin embargo, ahora la difamación, la denuncia judicial y la privación de libertad son el núcleo central que pretende diezmar las luchas y las resistencias. Y es que al igual que en el pasado, lo que se pretende no es más que acallar la voz de personas, organizaciones y comunidades que defienden sus derechos humanos.
En prácticamente todos los casos documentados hasta ahora en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, es posible denotar ilegalidad o como mínimo arbitrariedad, que puede ser demostrada en que a la fecha muchos de los casos suelen culminar con la liberación de los defensores en la medida que al Ministerio Público le resulta imposible demostrar los hechos que les fueron imputados. Recientemente, la denuncia presentada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el aval de 11 magistrados, en contra de Claudia Samayoa de Udefegua y José Martínez de Justicia Ya, así como la pretensión del Presidente de la República de que se procese penalmente a Roberto Rímola de la Batucada del Pueblo, por ejercer su libertad de expresión, son la mejor muestra de que el Estado de Guatemala, ha adoptado la criminalización como una importante estrategia de su política de represión y violencia.
Sin embargo y aún en medio de esta política de represión, las personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos no se detendrá hasta construir una sociedad distinta a la que hoy les oprime, les difama, les estigmatiza, les denuncia espuriamente y que en muchos casos les priva de su libertad. Mi respeto y admiración para aquellas personas que desde distintos ámbitos de acción luchan por una sociedad incluyente, democrática, antipatriarcal y antineoliberal.
