Descubierto por casualidad, el Archivo Histórico de la Policía Nacional (no Policía Nacional Civil) ha sido una importante fuente de información de lo realizado por esa tenebrosa institución a lo largo de más de cien años de la vida en el país y la eficiente y profesional administración del Archivo ha permitido preservarlo luego de haber estado, por abandono, en riesgo de perderse, con lo que hubiera desaparecido la constancia de muchos hechos que ahora forman parte de la historia del país.
Sin embargo, el actual gobierno, encargado de desmantelar a como dé lugar lo poco que se ha hecho bien en Guatemala, dispone acabar con el esfuerzo y decide que ese Archivo no debe ser más administrado y manejado por expertos sino que debe “volver al control” de la Policía Nacional Civil, lo que ha generado, entre otras cosas, la preocupación de entidades como la UNESCO que lanzó la advertencia del gravísimo riesgo que se corre con el desmantelamiento del esfuerzo.
Un Archivo Histórico no es patrimonio de ninguna institución en particular y tiene que ser manejado con especial criterio para el resguardo de su valioso contenido. La decisión del gobierno de Morales equivaldría a que se dispusiera que el Archivo General procediera a entregar todo lo que tiene a las instituciones responsables de cada uno de los documentos que se encuentran allí consignados.
El argumento de que puede comprometer la seguridad nacional no es en absoluto cierto porque el Archivo ha permanecido activo por muchos años sin que nada de eso ocurra. Además la Ley de Acceso a la Información establece cuáles son documentos secretos y por cuánto tiempo pueden serlo y todos los del Archivo ya pasaron de ese tiempo porque la Policía Nacional dejó de existir en el siglo pasado. Otra cosa es que se diga que se quiere resguardar la historia criminal de muchos Donaldos, Valientes Téllez, Chupina, Cruz Wer o Bernabés Linares con su largo historial de asesinatos burdamente represivos.
Guatemala necesita preservar esa historia y en manos de las actuales autoridades de Gobernación y PNC es seguro que será destruida maliciosamente para dejar incólume la larga tradición de acciones criminales cometidas desde la institución que estaba llamada a proteger a la ciudadanía y no a ejecutar asesinatos. Tener presente esa larga historia es sano y necesario para el bien de nuestro país porque no podemos dejar que las nuevas generaciones no aprendan de la historia y vuelvan a cometer los mismos vicios del pasado. Creemos que una acción de Amparo es procedente para detener el despropósito.
