Tras los fervorosos llamados a defender nuestra Constitución “hasta con la sangre” si fuera necesario, es importante señalar que no buscan defender el orden constitucional sino el sistema perverso que surge de varias disposiciones contendidas en la Carta Magna que han facilitado la captura del Estado para que grupos paralelos y corruptos sean los que controlan por completo la institucionalidad. Porque si en algo hay coincidencia y comprensión es que tanto el sistema político como el Sistema de Justicia son un verdadero asco que demanda reformas profundas para acabar con los vicios que permiten la cooptación que vienen realizando de manera sistemática esos secuestradores de la institucionalidad.
El Sistema de Justicia en nuestro país es el promotor del régimen de impunidad y es producto de lo que ya se identificó con el proceso de las Comisiones Paralelas de Postulación, es decir, las influencias que en esas entidades nominadoras ejerce el poder más oscuro. La idea de entregar a la academia la responsabilidad de nominar a los aspirantes a jueces, lejos de promover mejoras en el Sistema de Justicia lo que hizo fue prostituir la academia que ahora es dirigida por quienes forman parte de ese juego de intereses. Hasta la Universidad de San Carlos, donde antaño los Rectores y Decanos se elegían por méritos profesionales y reconocida honorabilidad, ahora se eligen por la misma danza de millones que permite el secuestro del sistema político, además del surgimiento de incontables universidades de garaje que se crean con la burda intención de manipular las postulaciones.
Por supuesto que los corruptos tienen que tratar de defender “hasta con la sangre” un orden constitucional que les garantiza impunidad y certeza de que la ley no se les aplicará porque para ello están los magistrados nombrados en un complejo y bien planificado proceso de postulación.
El mismo Morales había avalado inicialmente las reformas al Sector Justicia que fueron consensuadas en la sociedad, pero rápido entendió que ni él ni sus parientes saldrían bien parados si se permitía una reforma orientada a acabar con los vicios en la administración de justicia y, en una de las primeras acciones del Pacto de Corruptos, zafó bulto para abortar las reformas.
Ninguna Constitución es perfecta y los pueblos deben buscar su reforma en asuntos que se prueban nocivos al interés general. La nuestra derivó en vicios gravísimos que institucionalizan la impunidad y eso tiene que ser reformado aunque se rasguen las vestiduras los corruptos que necesitan a toda costa mantener un sistema que se ensaña con el honesto y perdona al criminal.
