Marco Trejo
Con todos estos procesos judiciales y resoluciones de las Cortes, lo único que ha quedado al descubierto, en esta campaña electoral 2020-2024, es la debilidad de los entes de la administración de justicia, para resolver de una manera imparcial los expedientes jurídicos que conocen y que no sean movidos por los intereses de algunos personajes de la vieja política.
Hemos visto publicaciones en los medios de comunicación del país, con fotografías que documentan las maromas de operadores políticos, quienes únicamente se encargan de hacer el lobby (cabildeo), con los jueces y magistrados para que resuelvan, políticamente y no jurídicamente, tal es el caso del operador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el abogado Wilson Joel López González, quien se ha fotografiado con el magistrado de la Sala Segunda de Femicidio, Rafael Morales Solares, en actividades deportivas en los Estados Unidos.
El abogado López González, quien es asesor del diputado y secretario general de la Unidad Nacional de la Esperanza, Oscar Argueta, después del viaje con el magistrado presidente de sala, se presentó ante un juzgado para acusar a la ex candidata presidencial, Thelma Aldana, junto a otros diputados para acusarla, junto al fiscal especial, Francisco Sandoval, de abuso de autoridad y simulación de delito. Por lo que surge la pregunta del millón: ¿Influye este tipo de hechos, en el actuar de los operadores de justicia?
Lo que sí es cierto es que este es un caso, que ha quedado documentado, pero a saber cuántos más no han sido conocidos, pero no cabe la menor duda de que han sucedido, con el fin de cooptar nuestro debilitado sistema de justicia, que ha permitido vender la embestidura, que en otrora época era respetada, por la población en general, lo cual ahora es solamente parte de nuestra historia, porque hemos llegado al colmo, de que nadie cree en la independencia del Organismo Judicial. Aunque no dudamos que entre este lodazal hay muchos jueces honestos.
Es por esa razón que los guatemaltecos debemos de participar y exigirle a los nuevos diputados del Organismo Legislativo, que deben hacer los cambios necesarios, de varias leyes o procedimientos, que se llevan a cabo para la elección de las autoridades judiciales, por lo que hay que presionar, como sociedad civil, para que cambie el trabajo de las Comisiones de Postulación, que han sido manoseadas a sabor y antojo para fines políticos.
Pero si sumamos a todo este desgaste institucional, que los mismos políticos se han dedicado a malinformar la labor de los entes gubernamentales, tal es el caso del propio presidente de la República, Jimmy Morales, nuestro Estado se encuentra herido, pero afortunadamente no de muerte, pero que de igual manera nos tiene a un paso del desfiladero, para convertirnos en un país sin rumbo jurídico y político, que necesita una modernización integral de sus instituciones.
Las actuales autoridades (presidente, diputados y alcaldes), en siete meses van a dejar sus cargos, por lo que llegarán otros que tienen la responsabilidad histórica de hacer los cambios necesarios para modernizar, tanto instituciones como leyes vigentes, que en este momento son obsoletas y que solamente son utilizadas para enriquecer a un grupúsculo de politiqueros que se han convertido en los nuevos ricos de este país. No por su arduo trabajo, sino por la serie de negocios turbulentos que les permite llevarse millones de quetzales de las arcas del Estado.
No todo queda allí, hay que sumar que este año también tienen que dejar sus cargos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los de las diferentes salas de apelaciones y los de la Corte de Constitucionalidad, entonces esto nos da la oportunidad de velar porque sus nombramientos sean lo más honestos posibles y sobre todo de que los candidatos sean personas, con un alto grado de capacidad, idoneidad y honorabilidad. Es decir que sus resoluciones sean jurídicas y no políticas.
Lo que si no va a cambiar es que la historia va juzgar a estos malos guatemaltecos que únicamente se han preocupado por sus intereses personales y no de las grandes mayorías, quienes vivimos un momento crítico como sociedad, pero sobre todo que pone en peligro el desarrollo y progreso de un país que no merece estar en trapos de cucaracha, como los que afrontamos al terminar el mandato presidencial de Jimmy Morales.
