Oscar Clemente Marroquín
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Las estimaciones que ellos mismos hacen indican que los exsoldados que ahora pertenecen a Avemilgua y reclaman un resarcimiento de 85,000.00 quetzales por cabeza, supera el millón y medio de personas que pasaron por las filas del Ejército y cuyos dirigentes ayer rodearon el Congreso para reclamar con urgencia que se les ubiquen los fondos. Engañados, sostienen que el dinero está guardado y listo para ser entregado, como si reunir la bicoca de ciento veintisiete mil quinientos millones de quetzales (Q127,500,000.000.00) fuera cosa de soplar y hacer botellas.
No fue casualidad que, tras el anuncio hecho la semana pasada por la Corte de Constitucionalidad de que ayer miércoles sería resuelto el caso de la candidatura de Thelma Aldana, los exsoldados fueran movilizados el mismo día y que sus dirigentes dijeran que presionarían a la CC para que no la inscriban porque ella no les gusta.
Pero más allá del significado de esa movilización en la que se mostraron agresivos, es importante señalar que a quien se le ocurrió ofrecer el resarcimiento de 85,000.00 quetzales por cada uno de los ciudadanos que han integrado en calidad de soldados las filas del Ejército logró aglutinar a lo que se puede convertir en una impresionante y formidable fuerza electoral para los comicios que se realizarán de hoy en un mes. Así como los expatrulleros de autodefensa fueron en su tiempo manipulados por el FRG con fines políticos cabalmente con ofrecimientos de resarcimiento, esgrimiendo como fuente del derecho los Acuerdos de Paz, ahora se les dice que así como se hizo resarcimiento a los guerrilleros, también los que militaron en las Fuerzas Armadas tienen idéntico derecho y por lo tanto deben organizarse para exigirlo.
Lo cierto del caso es que ya están debidamente registrados y “carnetizados” como miembros de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala varios cientos de miles de exsoldados que se han estado reuniendo desde hace algún tiempo para formular el reclamo que, desde el punto de vista de realismo económico, está fuera de toda proporción y se puede comparar con los insostenibles Pactos Colectivos que funcionarios han suscrito con los dirigentes de los sindicatos del Estado.
El caso es que ningún partido político en el país tiene estructura que se pueda comparar con la que constituye este grupo de personas que fueron parte del Ejército y que ahora son activados por un ofrecimiento económico que, por supuesto, despertará el interés de ese contingente que algunos de ellos estimaron ayer en un millón setecientos mil ciudadanos que en su momento fueron reclutados como soldados. Y a ellos se les sumarían sus familiares que votan, lo que multiplica su potencial como una tremenda fuerza electoral.
La cifra de 85,000.00 quetzales por cada uno de los ciudadanos que prestaron servicio militar no tiene una explicación ni fundamento más allá de que es una cifra lo suficientemente atractiva como para lograr la movilización de prácticamente todos los que en algún tiempo pasaron por las filas de la institución armada, pero el haberlos movilizado ayer, para asustar a la CC, generó expectativas inmediatas que, de no resolverse, pueden enredar aún más la situación del país.
