Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata
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He escuchado a muchos ciudadanos decir “Ahora ya no voto”, ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad que no permitió la participación de Zury Ríos como candidata presidencial. La CC definió así una controversia político/legal, dejando a una parte de los votantes sin la opción que habían elegido y afectando una candidatura para nada marginal, sino que relevante, porque ocupa el segundo lugar en las encuestas.

La dimensión jurídica de esta controversia es de gran magnitud. A mi juicio estamos ante una norma constitucional profundamente injusta, violatoria de los derechos humanos básicos. Sin duda, yo no hubiera votado por doña Zury, dado el proyecto ideológico y político/programático que expresa, pero hubiera preferido que participara y considero injusta su exclusión. Es cierto que debemos seguir construyendo un régimen democrático de derecho y eso implica que ella tiene marcos legales que la regulan, los cuales deben respetarse. Desde esa perspectiva podría ser pedagógica, constructora de ciudadanía, esta resolución, porque claramente nos enseña que la democracia está vinculada con el irrestricto cumplimiento de la ley. Pero esta virtud no niega la injusticia que acarrea.

Por el momento, el debate está zanjado, al menos para estas elecciones, Zury Ríos no participará y sus seguidores sufrirán la frustración de que su voluntad, esencia de una democracia, no podrá ser expresada en las urnas, sentimiento político que afecta la legitimidad del régimen.

El día de hoy, miércoles 15 por la mañana, hay una espada de Damocles sobre la cabeza de otra de las candidatas, la señora Thelma Aldana, quien también ocupa un lugar principal en las encuestas, ya que se sitúa nada menos que en el tercer lugar y cuenta con la justa simpatía de amplios sectores de la población y de la comunidad internacional que la vinculan con la lucha contra la corrupción y la impunidad, quien además posee el atributo de la bendición imperial y, paradójicamente, de la condena de las derechas que, en su neurosis ideológica, la ubican como expresión de la izquierda. Si la resolución de la Corte de Constitucionalidad anunciada para este día es adversa a su inscripción, se agregaría una frustración más, pues otro segmento muy importante de los ciudadanos que han puesto en doña Thelma grandes esperanzas se quedarían también sin candidata. Se ampliaría así la deslegitimación de nuestra democracia. Ojalá la CC emita una resolución favorable a su participación, pero si así no fuera, habrá que aceptar la actual preponderancia del derecho sobre la política.

Todos mis argumentos respecto al costo que tienen estas resoluciones sobre la legitimidad de nuestra democracia no pretenden presentar una situación irreversible, en términos de no poder recuperar la afectación que sufre. El daño se puede neutralizar, para lo cual resultará crucial la postura que asuman las candidatas en mención. Ellas deberán dar ejemplo de visión de estadistas y aceptar lo que la CC ha decidido y está próxima a decidir.

Resueltas en definitiva la situación de las señoras Ríos y Aldana lo que quedará es concentrarse en el proceso electoral que apenas le queda un mes de duración. Los seguidores de ellas tendrán que actuar con mucha madurez y ejercer su voto escogiendo entre quienes sobrevivan a la judicialización de la política o votando nulo, que es también su derecho político. Lo importante es restablecer la legitimidad afectada.

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