Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando se elevan a la Corte de Constitucionalidad casos polémicos como los que tienen que ver con la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República es natural que los interesados y la opinión pública puedan disentir de lo resuelto por la máxima instancia legal existente en materia constitucional, puesto que cada quien hace su propio análisis y desea que se resuelva de acuerdo a sus preferencias. En ese sentido los fallos de la CC no serán nunca aplaudidos en forma unánime, porque siempre hay afectados o beneficiados por las resoluciones y ello es parte de la vida misma.
Pero nos gusten o no tales fallos, todos debemos aceptarlos y acatarlos. En otras palabras, podemos disentir del criterio de la Corte y, es más, en el mismo pleno de magistrados se pueden producir criterios distintos, unos a favor y otros en contra, pero ello no implica que se pueda desobedecer lo resuelto y ese principio debe prevalecer siempre, aún y cuando alguien en particular se sienta agraviado por el sentido de un fallo.
Por ello es tan grave la actitud del gobierno actual que no ha dado cumplimiento efectivo a lo resuelto por el pleno de la Corte de Constitucionalidad en relación al llevado y traído caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala porque se entiende que el entorno del presidente Morales esté en desacuerdo con tales resoluciones, pero de eso a que se las pasen por el arco del triunfo hay una gran diferencia.
Y lo mismo pasa con la situación electoral que ahora llega a dirimirse, finalmente, en la misma Corte de Constitucionalidad y de entrada podemos asegurar que los fallos van a ser aplaudidos por algunos y repudiados por otros. No hay forma de quedar bien con toda la ciudadanía pero resulta que la CC no está para ganar concursos de simpatía ni para lograr aplausos. Su función es la de interpretar correctamente los mandatos de la Constitución de la República y resolver en consecuencia, a sabiendas de que cualquiera que sea el sentido de lo resuelto, provocará divisiones entre la opinión pública que se han de manifestar de distinta manera, pero lo que no puede quedar en tela de juicio es si será acatado el fallo.
Los medios de comunicación, como vehículos de expresión de la ciudadanía, se podrán llenar de comentarios en los que se aplaude o critica lo dispuesto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y es sano que se pueda producir el análisis que cada quien desee hacer desde su particular perspectiva. Es más, tenemos que entender que no se trata de instituciones infalibles y que van a cometer errores, pero lo que no podemos es pensar que la solución es la desobediencia porque entonces estamos rompiendo el orden establecido para garantizar la convivencia pacífica.
El debate y la discusión sobre los fallos siempre serán sanos y pueden enriquecer los criterios legales si es que se usan argumentos en vez de recurrir sólo a la pasión. Pero el sometimiento a las resoluciones es incuestionable por mucho desagrado que pueda provocar alguna de ellas.
