Se supone que de acuerdo con las leyes del mercado, la libre competencia es un factor esencial para lograr que la famosa mano invisible haga los ajustes necesarios para que la economía funcione. Sin embargo, en nuestro medio a muchos empresarios la única competencia que les interesa es al momento de financiar a los candidatos porque saben que por esa vía se aseguran favores y privilegios que hacen innecesario andarse preocupando por ganar el favor del consumidor, ya que se les asegura un mercado cautivo.
El Caso de Tigo y su relación con Pérez Molina, Baldetti y los Patriotas es ilustrativo. Hay que recordar la jugada para mostrar a Carlos Slim junto al entonces candidato y cómo ello ayudó a ablandar a Tigo en un litigio que tenía con su competidor. Y obviamente ello trajo aparejado el financiamiento electoral, en el que cada empresa hizo su propia apuesta y, por lo visto, la de Tigo fue mejor porque abrió las puertas para que, previo pago de otras mordidas, se les aprobara la Ley Tigo que aseguró su posición en el mercado al ampliar su cobertura dejando atrás a los competidores.
Nunca se sabrá realmente cuánto dinero se dio para el financiamiento porque el TSE simplemente puede hacer cálculos de lo que gastaron efectivamente los partidos políticos, pero lo que se embolsan los candidatos queda en un limbo muy conveniente, tanto para los políticos como para quienes los compran.
Cuánto, a lo largo de tanto tiempo, habrán puesto para financiamiento quienes pretendían mantener, por ejemplo, el monopolio de la cerveza y cuánto habrán tenido que aportar los que al final lograron romper ese monopolio. Que hubo competencia es obvio, pero no del tipo de la que enseñan los libros de texto elaborados por académicos de la Economía de Mercado, sino la que funciona y opera en países como Guatemala donde lo que cuenta no es cómo agradar al cliente sino cómo quedar bien con los que en este millonario casino reparten las cartas debidamente marcadas, papel que se asigna a los gobernantes con quienes hay que quedar bien de entrada para conservar o incrementar los privilegios.
Y lo mismo pasa con los constructores, aunque hagan mamarrachos que se inundan al primer aguacero. El que no pone pisto en campaña que no espera que le asignen contratos en los que, gracias a una supervisión inútil, pueden ganar más de lo que establece el mercado porque les aceptan obras de pésima calidad.
Por eso decimos que aquí sí hay libre competencia, pero se limita a la que gira en torno al Financiamiento Electoral.