Víctor Ferrigno F.
El nuevo caso de corrupción y cooptación del Estado que ha destapado el Ministerio Público (MP) y la CICIG, en relación con la Ley Tigo, evidencia la manipulación del Congreso de la República por la convicta exvicepresidenta Roxana Baldetti, con el financiamiento del primer billonario de Centroamérica, Mario López, principal accionista de la telefónica.
Una vez más, un caso penal de alto perfil confirma con pruebas judiciales de todo tipo (testimonios, mensajes, llamadas, etc.), que el Estado está cooptado por una mafia criminal, donde los corruptores son los grandes empresarios, y los corruptos son una pléyade de achichincles de toda laya (diputados, políticos, ministros, guaruras, etc.).
A cambio de un soborno bimestral, con el nombre clave de “champurradas”, un centenar de diputados corruptos no tuvo empacho en aprobar la ley-Tigo, una de las más aberrantes del país, para que la empresa de López pudiera instalar antenas telefónicas en todo el país, sin capacidad de sus rivales Claro y Movistar de competir y, peor aún, sin la posibilidad de que las comunas y los particulares pudieran oponerse legalmente a la invasión de su propiedad, fuera ésta un ejido municipal o una propiedad privada.
La abusiva ley limitó el derecho de propiedad y de defensa, pues penó con cárcel a quien se opusiera a la instalación de antenas y fibra óptica en su fundo. Solamente los Pueblos indígenas se atrevieron a oponerse. El Parlamento Xinca obligó a Tigo a negociar el pago por la servidumbre, y dos señoras quichés que terminaron en la cárcel.
Lo más indignante son los testimonios de cómo Acisclo Valladares, hoy ministro de Economía, trasladaba los tanates de billetes utilizando a efectivos de las fuerzas de seguridad y a empleados públicos, y la Baldetti se encargaba de hacérselos llegar a los diputados que le rindieran pleitesía, a través de sus operadores políticos, llamados “brochas”. Indigna porque con nuestros impuestos se financiaron los gastos operativos de este gran fraude de Ley, en el que estuvieron involucrados casi un centenar de diputados corruptos de seis partidos: Patriota, Lider, Encuentro por Guatemala, UCN (del narcopolítico Mario Estrada), CREO y Todos.
“La actuación de agentes privados en contubernio con funcionarios públicos convirtieron al Congreso en un tramitador de intereses corruptos. Al punto que los legisladores ni siquiera leían las iniciativas de Ley que proponían, pero que su trámite les significaría un beneficio (soborno)”, señala la investigación de FECI-MP y CICIG.
Además, con el afán de adjudicársela, Tigo es sindicada de manipular las subastas de la banda ancha 4G, que bajaría los costos de telefonía e Internet, por lo que el proceso fue impugnado, y los ciudadanos pagamos los costos de esta cloaca de impunidad.
Como sostuvo Iván Velásquez en un mensaje sobre este caso: “La captura del Estado no es un discurso político ni una tesis académica. Es una realidad dramática que causa desnutrición, analfabetismo, desempleo y despojo a las mayorías, especialmente a la población indígena”.
Para colmo, este caso de corrupción y subordinación del Legislativo ante el Ejecutivo se destapa en medio del proceso electoral, y el ente investigador ha solicitado levantar la inmunidad a diputados y candidatos sindicados de corrupción, generando más descrédito de la política y apatía ciudadana, lo cual es muy conveniente para seguir manipulando las instituciones.
La Fiscal General debe explicar por qué operativizó hasta ahora un caso que tiene sobre su escritorio desde enero, según fuentes del MP. ¿Incapacidad o cálculo político? Como sentenció el Comisionado de la CICIG: “Hay que recuperar el Estado para bien común”.
