Tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 consigna que la libertad de expresión es un derecho fundamental, las Naciones Unidas consignaron el día 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en esta ocasión se celebra en circunstancias difíciles cuando aún en las más sólidas democracias, que se enorgullecían de la amplia libertad garantizada para la libre difusión de noticias y opiniones, se escuchan virulentos ataques que claman por someter a control a los medios de comunicación que no se pliegan a lo que podemos llamar el “pensamiento oficial” sustentado tanto por gobiernos como por las élites.
No digamos en países donde no existe tradición de respeto a la libertad de expresión. En Estados Unidos vemos la virulencia de los ataques del presidente Trump y su entorno hacia la prensa que publica lo que no le gusta al gobernante y el tono es imitado en otros países, como Guatemala, donde con la misma falta de argumentos el Presidente hasta copia el término de Fake News, esgrimido por Trump, para referirse a publicaciones que se han hecho con críticas a su gestión.
Pero no sólo de parte de los Estados provienen los ataques a la libre expresión sino también de poderosos sectores económicos que imponen un cerco asfixiante a los medios. Desde que empezó la lucha contra la corrupción en el país se ha ido notando un cambio de actitud definido entre los anunciantes. Cuando los sindicados fueron los políticos, que les sirven de choleros, no sólo no hubo represalias sino que hasta se aplaudía la amplia cobertura que se daba a los casos en los que implicaban desde el Presidente y la Vicepresidenta hasta funcionarios de distinto rango y nivel y uno que otro particular de los que siempre fueron vistos como chorreados por el gran capital.
Pero cuando empezó a elevarse el nivel de pedigrí de los implicados la cosa cambió y tras la comprobación de que existe una captura y cooptación del Estado por el gran capital vía el financiamiento electoral ilícito, las informaciones fueron repudiadas y, más aún, castigada con el retiro de pauta publicitaria que para algunos medios ha sido insoportable, al punto de verse obligados a pactar, silenciando esos casos para no perder su pan de cada día.
Se piensa que es el poder público el que acalla a la prensa independiente, pero eso no es del todo correcto. Cuando un amplio Pacto de Corruptos involucra a la gente de postín, ellos también se suman a la censura.
