Emilio Matta Saravia
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La corrupción tiene un alto grado de correlación con los ingresos de los habitantes de un país, ese hecho se ha comprobado en diversos estudios a los que cualquier persona puede acceder buscando en internet. A mayor corrupción, menos ingresos.
Aunque es muy difícil cuantificar la corrupción, se estima que, en países como el nuestro, la misma llega a ser un 30% del PIB. Se dice fácil, pero un 30% del PIB equivale a unos 23 mil millones de dólares anuales. La corrupción existe en todos los niveles, tanto del gobierno como del sector privado, donde corruptos y corruptores participan en un juego en el que exprimir al máximo el erario nacional para beneficio propio es lo más importante.
Aunque en Guatemala las encuestas revelan que la mayoría de los ciudadanos ven como el mayor desafío del país la mala situación económica, la falta de empleo y de oportunidades, el problema subyacente es la corrupción, ya que esa enorme cantidad de recursos que van a parar a los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos, deberían utilizarse en atender las necesidades más básicas de nuestra población: desnutrición crónica infantil, salud y salubridad, educación y generación de empleo formal.
Es la corrupción, y no únicamente decisiones aisladas de jueces con respecto a hidroeléctricas y minería, el verdadero motivo por el cual en nuestro país no existe certeza jurídica para que inversionistas extranjeros nos consideren como destino de sus inversiones. El hecho de que funcionarios exijan coimas para avanzar procesos de licencias de construcción, licencias de operación o devoluciones de crédito fiscal, por ejemplo, son factores muy importantes que toma en cuenta un inversionista serio a la hora de elegir a un país como destino de su capital para proyectos productivos que le generarán un rendimiento satisfactorio sobre su inversión. Si dicho rendimiento es menoscabado por el pago de coimas, o la incertidumbre de que en cualquier emprendimiento que el inversionista decida realizar tendrá que pagar a funcionarios que exigen su parte del pastel para poder agilizar los trámites de operación de los mismos (y que competidores locales lo hacen porque es “lo normal” en nuestro país, como lo indicara nuestro actual Presidente a Fernando del Rincón en una entrevista cuando era candidato), un inversionista lo pensará varias veces antes de venir a invertir un centavo a Guatemala.
En este proceso electoral los candidatos han abordado de forma verbal, muy pocos lo dejan plasmado en un documento, y muy escuetamente la forma en que piensan reactivar la economía. Todos los candidatos hablan de atraer inversión extranjera. Sin embargo, ni uno solo ha tomado con la seriedad que se debe el tema de la corrupción en su “plan” de gobierno. Hablan de que hay que continuar con los esfuerzos que se han hecho, pero no indican con acciones concretas cómo piensan enfrentar este mal, o por lo menos reducirlo.
Tengamos muy claro que mientras exista corrupción en nuestro país, nuestras oportunidades, y por ende nuestros ingresos, siempre serán menores a lo que deberían ser.
