En muchos países el clamor ciudadano contra la corrupción obligó a las instituciones a mejorar sus capacidades de investigación y el ejemplo de Guatemala fue observado con detenimiento por muchos que entendieron la importancia del trabajo realizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad que con apoyo de la ONU funcionó tan eficientemente. Las investigaciones contra funcionarios en el poder en el año 2015 cobraron especial relieve porque se logró la renuncia, captura y consignación de los sindicados de aprovecharse de sus cargos para enriquecerse ilícitamente, con todo y el persistente retardo malicioso. El Ministerio Público acompañó esos procesos con eficiencia y fue evidente el compromiso de sus autoridades para avanzar en la lucha contra el doble flagelo de corrupción e impunidad que han destruido al Estado.
Esas capacidades, que permitieron la aportación de pruebas contundentes en los procesos, basadas no en testimonios sino en investigaciones científicas, caracterizó el avance en el que el país fue pionero en la lucha contra la corrupción en el ejercicio del poder público. Pero los golpes fueron tan contundentes y dirigidos a quienes han sido beneficiarios de la impunidad, que en los últimos tiempos todo se desmontó y acabó esa capacidad para realizar investigaciones serias y confiables. La CICIG fue expulsada ilegalmente del país, violando una resolución expresa de la Corte de Constitucionalidad, y el Ministerio Público fue rescatado por las mafias que por largos años lo controlaron para garantizarse impunidad.
Esas capacidades se perdieron por completo y los demonios andan sueltos. La misma DEA informó al Ministerio Público del plan para asesinar a la exfiscal Thelma Aldana y el MP no hizo absolutamente nada para proteger a la arrinconada candidata presidencial antisistema. Sin duda, como parte del Pacto, aguardaban a que se concretara la ejecución que Estrada había inicialmente pactado con los supuestos miembros del Cártel de Sinaloa para empezar a “vigilar”, tarea a la que quedó reducida la capacidad del MP desde que cayó bajo el control de Consuelo Porras, para gusto y gloria de los que fueron afectados por las investigaciones que en el período anterior se realizaron en conjunto con la CICIG y de todos los que sentían ya los pasos de animal grande y despertaban todos los días con el miedo de que a las seis de la mañana aparecieran las autoridades para ejecutar una orden de captura.
Guatemala volvió a ser el paraíso de la impunidad y eso tiene felices a quienes decían que Consuelo Porras debía ser la nombrada como Fiscal General de la República. La historia está quedando absolutamente clara.
