Walter Juárez Estrada
La Contraloría General de Cuentas, no ha cumplido su función fiscalizadora en las entidades oficiales, autónomas, semiautónomas y descentralizadas lozas por los compadrazgos con políticos, el crimen organizado e incluso con narcos, siendo las municipalidades asaltadas por grupos oscuros, que les permiten saquear las arcas del municipio, con la aceptación tácita de auditores que entran en componendas con los jefes edilicios, para formar empresas de cartón con parientes y políticos, lo que ha quedado evidenciado por años con ejemplos claros con las comunas de Chinautla, de Antigua Guatemala, El Quiché, Quetzaltenango. Huehuetenango, Lanquín, e incluso de la capital, en la administración Arzú y otras que son del dominio y conocimiento de sus vecinos.
La Constitución, y el Código Municipal son claros que otorgan autonomía a las municipalidades, pero en la práctica se han confundido esas disposiciones y da rienda suelta para que los alcaldes, su Concejo, con políticos, diputados, sector privado y narcos, “se roben de manera descarada los fondos que manejan, haciendo mal uso del porcentaje que reciben del Estado, que claramente indica que debe aplicarse para obras para la comunidad, entre ellas, educación, salud y obras de infraestructura y no para hacer negocios espurios, donde familiares, políticos y el sector privado, han sido beneficiados, dejando en cero las arcas del municipio, pero aquí, es donde la CGC debe jugar su rol fiscalizador y evitar que los auditores se vuelvan cómplices de esa corrupción, como se detectó en Lanquín, donde el alcalde anterior, su Concejo y las actual corporación, con una red de corruptos, dejó las arcas ediles vacías, al sustraer más de Q9 millones, falsificando facturas con obras faraónicas que nunca se hicieron.
En la administración del corrupto exalcalde de Chinautla, Medrano y su parentela, de Antigua Guatemala, con el exalcalde Vivar, de Quetzaltenango con Jorge “mito” Barrientos y parientes cercanos, también hubo corrupción y los sindicados, no han desvanecido como los relacionados, la “piñata” de saqueo en esas entidades, esperando que los jueces no se vendan, ni acepten dádivas para que el peso de la ley caiga contra los corruptos y evitar su reelección a igual que los diputados de la misma calaña.
Ahora que estamos en un proceso electoral, la población que no está inmersa en los comicios de junio, debe tener presente que votar es una obligación ciudadana y evitar sufragar por los mismos alcaldes y diputados, porque sería una traición a su conciencia. En última instancia es culpable aquél que por un ofrecimiento cae en la trampa de los alcaldes y diputados corruptos. La sentencia debe ser clara, no votar por los mismos para darle un castigo ejemplar, tener presente las manifestaciones de las plazas públicas de 2015,que dio un ejemplo para echar a los corruptos, situación que podría repetirse si nos volvemos a equivocar.
