Se produjo ya el relevo en la Corte de Constitucionalidad donde asumió la Presidencia el letrado Bonerge Mejía en una etapa crítica por la existencia de varias acciones legales que tienen vinculación con la crisis institucional que se vive en Guatemala por la influencia del llamado Pacto de Corruptos que opera desde los tres poderes del Estado para acabar con los esfuerzos contra la corrupción en el país y para reinstalar, sin cortapisa alguna, el histórico régimen de impunidad.
Sustituye el magistrado Mejía a su colega Dina Ochoa, nombrada por el actual presidente Morales y quien se caracterizó no sólo por defender consistentemente lo que ese funcionario representa, sino también por el manejo de los tiempos a lo interno de la Corte, tanto para incluir los temas en la agenda como para retrasar algunas notificaciones por la falta de los votos razonados.
La Corte de Constitucionalidad se encuentra en el ojo del huracán porque sus actuaciones han sido el más eficiente valladar para contener el Pacto de Corruptos que pretenden destruir los avances en temas de combate a corrupción e impunidad y por ello las críticas contra ese cuerpo colegiado han sido constantes y ocupan buenos espacios de las redes sociales por virtud de los “net centers” que operan a todo vapor.
Las muchas fallas que hay en nuestro Sistema de Justicia se traducen en que prácticamente todo termina llegando a la Corte de Constitucionalidad como último recurso de control de la legalidad y eso significa enorme carga de trabajo para los magistrados, tanto titulares como los suplentes que se tienen que incorporar por mandato legal a varios casos y por necesidad material para contener la presa provocada por esa extraordinaria recurrencia.
Y es sabido que mientras más correcta es la actuación de alguien o de algo, más fuertes y directos resultan los ataques. Y en el período actual el papel de la Corte de Constitucionalidad ha sido de tal calibre que le llueven improperios lanzados por los operadores del pervertido sistema. A los ataques se suma también las acciones legales en contra de los magistrados cuyos votos constituyen un agravio para quienes desesperadamente están buscando que el sistema se resguarde y pueda continuar otorgando los mismos beneficios que por décadas han sido acumulados por pequeños sectores en perjuicio de la mayoría de habitantes del país. Bonerge Mejía es de los tres magistrados que han sido denunciados hasta penalmente y asume la Presidencia de la CC en uno de los momentos más críticos de la historia del país.
