Nadie puede objetar que se exponga la necesidad de hacer millonarias inversiones como la que ahora plantean para el Aeropuerto Internacional La Aurora, al que le ponen fecha de caducidad si no se invierte lo que demandan los estudios. Sin embargo, en la Guatemala de hoy ya sabemos que invertir alrededor de 117 millones de dólares en un proyecto determinado equivale a romper una piñata porque la ausencia de mecanismos de transparencia en la gestión pública es la garantía de que tenemos que prepararnos para un nuevo meganegocio en el que los bolsillos de los corruptos quedarán bien inflados.

Y es el problema general del país, puesto que cada día es más cierto aquello que dijo el emisario de la Organización Internacional para las Migraciones cuando, descubierto en el juego de la corrupción, cínicamente dijo que todo mundo sabe que “en Guatemala no hay obra sin sobra”.

De verdad es patética la situación por el comportamiento inmoral de quienes debieran velar por el buen uso de los siempre exiguos recursos del erario. El país no sólo no prospera sino que se ha estancado como consecuencia de esa dilapidación del dinero público. Basta ver las condiciones en que se encuentra la infraestructura para entender el efecto tan nocivo que tiene la corrupción porque como los funcionarios se preocupan más por la sobra que por la obra, aceptan mamarrachos de cualquier tipo con tal de que las comisiones pactadas lleguen puntualmente a sus caletas.

Y no tiene futuro un país así porque aún y cuando se tomara la decisión de que hay que remozar el aeropuerto nacional, de todos modos tenemos que entender que volverá a ocurrir lo que ya pasó cuando se “modernizó” la actual Terminal Aérea, es decir que el resultado es patético porque, como siempre, fue más importante el negocio bajo la mesa con los contratistas que la calidad de la obra ejecutada. Al día de hoy los usuarios tienen que sufrir las graves consecuencias del perverso manejo que se hizo de los recursos públicos en dicha construcción.

Los problemas del país son diversos y demandan políticas claras y definidas para tratar de revertir ese constante avance que hace la pobreza en el país. Pero cualquier propuesta y cualquier programa de acción que no contemple erradicar la corrupción se convierten en derroche de recursos porque ya sabemos que entre contratistas y funcionarios sólo estarán preocupados por el monto final de las ganancias descontando las jugosas comisiones, lo que repercute en la calidad de trabajos realizados o de los productos proporcionados.

Redacción La Hora

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