Por: Adrián Zapata
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Fue lamentable la denuncia que presentó Sandra Torres, presidenciable del partido UNE, en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), amparada en la Ley del Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. La jueza que recibió la denuncia resolvió de acuerdo a lo que le manda la ley y decretó medidas de seguridad a favor de la demandante.
Hasta ahora, se ha producido una avalancha de reacciones en contra de la señora Torres, incluso algunas organizaciones feministas han sido beligerantes en su rechazo, señalando la desnaturalización que se hace del espíritu de esa ley.
Yo creo que hay dos dimensiones que deben ser analizadas.
La primera se refiere a la natural indignación que esta acción ha producido. Más allá de las simpatías o antipatías que la candidata Torres pueda provocar en determinados sectores de la población, lo cierto es que es una mujer luchadora, ambiciosa sin duda (es difícil imaginar un líder político sin ambición de protagonismo y de poder) y trabajadora sin descanso, como lo demostró cuando de hecho dirigió el Gabinete en tiempos de Álvaro Colom. La sociedad y el Estado, patriarcales como lo son, hacen admirable el esfuerzo que hagan las mujeres por trascender el rol privado que se les asigna y atreverse a jugar uno público. Pero, por esa misma razón, es dramático que la señora Torres recurriera a una ley que ha contribuido a proteger a las mujeres de la violencia patriarcal para utilizarla con fines político electorales, desnaturalizándola. Sumarse a las condenas que se han dado a partir de este análisis resulta reiterativo.
Pero la segunda dimensión que debe resaltarse es, nuevamente, la judicialización de la política. Otra vez la política abdica y se refugia en las cortes. Triste papel de Sandra Torres, aunque justo es decir que esta ha sido la desafortunada estrategia predominante en la actual campaña electoral, donde los liderazgos políticos incapaces de librar la lucha que les corresponde, cobardemente se refugian bajo las alas de las cortes.
Está claro que la denuncia no tendría por qué repercutir en el proceso judicial que se desarrolla en contra de Sandra Torres. Allí lo realmente trascendental es la decisión que finalmente se tome respecto de la acción constitucional de amparo en contra del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por su resolución en la que rechazó la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público y la CICIG en contra de la candidata.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la demanda presentada por Sandra Torres? Victimizarla podría ser, ya que lo usual es que la opinión pública tiende a identificarse con las víctimas. Poner los reflectores mediáticos en la demanda de femicidio puede ser otro propósito, de tal manera que se elimine la relevancia y la presión social que pudiera haber en torno al asunto de fondo: quitarle o no el derecho de antejuicio a la candidata. Y también podría perseguirse inhibir la acción del Ministerio Público, intentando debilitar su legitimidad social.
En todo caso, lo cierto es que los políticos siguen cavando el sepulcro de la política, para que las cortes sean los enterradores.
