Jorge Morales Toj
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La instrumentalización política de la Ley de Femicidio ha sido una constante en Guatemala y ha sido utilizada de manera perversa por mujeres con poder. Recordemos el caso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti que denunció por violencia psicológica al periodista Rubén Zamora, cuando él denunciaba los actos de corrupción de la funcionaria.
Asimismo, en febrero de 2018, una juez le otorgó medidas de seguridad y protección a Sandra Torres, por denuncias que ella presentó en contra del periodista Rubén Zamora de elPeriódico. También la diputada Patricia Sandoval, luego de criticar la Ley de Femicidio, instrumentalizó la Ley, interpuso una denuncia en contra de un su compañero de bancada, para beneficiarse de medidas. Podemos seguir mencionando ejemplos del mal uso de la Ley, por parte de mujeres con poder político.
Sobre el tema, recientemente la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1749-2017, estableció que las relaciones de poder son: “Manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra”. De esa cuenta, por esa relación desigual de poder entre hombre y mujer, el legislador se propuso reprimir un comportamiento violento contra esta última, frecuente en el contexto social actual, y que bien puede obedecer a un patrón cultural que de generación en generación promueve y arraiga la existencia de un trato discriminatorio y de sumisión en perjuicio del género femenino…”.
En los casos en que mujeres con poder, hacen uso de la Ley de Femicidio en favor de sus intereses, es evidente que no existe una relación de control o de dominio sobre ellas, que produzca en lo más mínimo su sumisión. Lo que sucede, es que mujeres con poder político, en su afán de proteger sus intereses, pretenden generar un manto de impunidad y una coraza en su favor, para evitar las críticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía.
Sin lugar a dudas, la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los problemas más recurrentes en Guatemala. Algunos datos de años pasados publicados por el Instituto Nacional de Estadística INE, nos muestra que en el año 2016 se interpusieron 62 mil 354 (170 denuncias diarias) por violencia contra la mujer y para el año 2017 fueron 57 mil 471 denuncias, es decir, que se interpusieron un promedio de 157 denuncias diarias. Esos datos nos ilustran la grave situación y vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres. ¿Ahora cabe preguntarse, a cuántas mujeres se les otorgó medidas de protección y seguridad?
Una vez más, la señora Torres de manera perversa, instrumentaliza la Ley de Femicidio y producto de ello, recientemente el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, le otorgó medidas de seguridad. Señalar como presuntos agresores a fiscales del Ministerio Público, que desarrollan por mandato constitucional su función de investigar la posible comisión de algunos presuntos delitos, evidencia una vez más, el uso indebido del Sistema de Justicia.
Instrumentalizar y politizar el Sistema de Justicia, nos está llevando a la pérdida de independencia judicial y a la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Nuestro Sistema Judicial es y debe ser el mayor garante del Estado de Derecho.
