En general los organismos internacionales terminan siendo leales a los gobiernos, independientemente de su origen o representatividad y no a los pueblos de los países que los conforman, pero en el caso de la Organización de Estados Americanos esa situación es muchísimo más evidente porque en realidad siempre ha sido una especie de alfombra al servicio de cualquier gobernante. No por gusto en Honduras los que dirigen su pacto de corruptos dispusieron que si tenía que haber una entidad como la CICIG tendría que funcionar al amparo de la OEA y no de Naciones Unidas, porque así se aseguraron que sería una cacharpa tan inútil como el alero que la cobija.
Ayer el Secretario General de la OEA, tras reunirse con la candidata Sandra Torres que ha sido sindicada de financiamiento electoral ilícito y que la ha emprendido contra el Fiscal Especial Contra la Impunidad, repitió las patrañas que Morales ha dicho sobre el convenio de asesoría que el Tribunal Supremo Electoral firmó con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, como si el traslado de experiencias y conocimientos sobre las formas del financiamiento electoral ilícito fuera una intromisión en el tema electoral del país. La CICIG simplemente ayudará con su experiencia a que el mismo TSE tome acciones en el ámbito de su competencia.
Torres es la abanderada de la lucha contra la CICIG porque desde el año pasado fue objeto de investigaciones que dieron lugar a la articulación de un caso en su contra y por ello llegó con su lloriqueo con el Secretario General Almagro quien, ni lento ni perezoso, se sumó a la ola de quienes quieren desprestigiar a la Comisión de Naciones Unidas. En una misiva respetuosa pero firme, el Comisionado Velásquez explicó al funcionario de la OEA los alcances del acuerdo suscrito con el TSE.
La misma OEA participa como “observador” en procesos electorales de los países del hemisferio y nadie ha dicho que por ello las elecciones dejen de ser libres. Ciertamente esa observación es poco relevante y más turística que operativa, pero eso no quita que la misma pueda y deba traducirse en un apoyo para velar por la transparencia de los procesos.
Nada prostituye más la democracia que el financiamiento ilícito, ese que “Gustavito” le facilitó a “Sandrita” y que es el que dio lugar al proceso en contra de la candidata. Nuestro país vive con un Estado cooptado por culpa de ese manoseo de la democracia y es penoso que la OEA, con todo y su carta democrática, ni se entere del fenómeno.
