Mario Alberto Carrera
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Quiero en esta segunda nota –sobre el mismo asunto– celebrar y destacar la presencia –en el Tribunal Supremo Electoral– de la magistrada María Eugenia Mijangos y del registrador Leopoldo Guerra, quienes han sido lo suficientemente valientes y enteros al sostenerse incólumes ante la conjura y conspiración del sistema-establishment –o Pacto de Corruptos– de cara a la inscripción de Thelma Aldana como candidata presidencial.
Lo que vimos primero fue el apego –a la ley– de Leopoldo Guerra al inscribir a Aldana basado en el hecho concreto de que sí goza de la Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, también conocida como finiquito, acaso el detalle más discutido, traído y llevado, en el campo de la incorporación de candidatos para competir en los comicios.
Inmediatamente, caen sobre esta resolución de Guerra un diluvio de acciones o recursos para invalidar la inscripción de Thelma Aldana, como si se tratara de una figura siniestra cual la de Ríos Montt (su hija o la de Torres) o de un gánster internacional: el mismo Vito Corleone de la novela. Dato más que sintomático porque levanta muchas sospechas y da lugar a indicios de la abierta judicialización de la política, en este caso para paralizar los proyectos presidenciales de Aldana.
Y el Tribunal tiene que emitir la resolución correspondiente y revoca la inscripción que su propio Registro ya había autorizado y cuya venia permitía que Aldana formalizara su propaganda y publicidad y demás ejecutorias. Y saltan otros. Entre ellos el siniestro ministro de Gobernación que, con amenazadora y aguda voz dice tener a toda la Policía en vigilia para atrapar a la “delincuente”. Y la PGN y la CGC y los de partidos de extrema derecha, como el del señor Ayau. Todos en la medieval conjura de fortalecer el sistema de putrefactos o Pacto de Corruptos que hace de Guatemala el país más atrasado de Latinoamérica con Haití.
Y aquí aparece –en medio de este maremágnum de injusticia y conjura esperpéntica– doña María Eugenia Mijangos, sin cuya presencia en el TSE, nos sentiríamos absolutamente desprotegidos, expoliados y desposeídos, arrostrados a la troupe de zánganos que tienen secuestrado al Estado desde hace unos 70 años.
Doña María Eugenia con admirable valentía votó en contra de la resolución de sus “colegas” y “pares” del TSE, que revocaron la inscripción. Doña María Eugenia está convencida, igual que Leopoldo Guerra, de que el finiquito de Thelma Aldana tiene validez, en contra de la opinión de la CGC y de la PGN a las órdenes de los generales asimilados Degenhart e In-Morales, este último cada vez más chusema debido a los cruces de alcohol con antidepresivos y benzodiacepinas.
Doña María Eugenia –sobre la base del debido proceso– está convencida de que sí hay una verdadera conspiración y presencia clara de acciones en contra de la participación de Thelma Aldana en los próximos comicios. Cuenta –y así lo expresa en su voto razonado– con la presunción que la lleva al convencimiento de que el resto de sus colegas magistrados no han actuado sino dirigidos por la conspiración montada por el sistema.
Esto es lo que –quienes estamos en la línea de la correcta interpretación de los hechos históricos actuales– hemos llamado y señalado como judicialización de la política. Y más en concreto: judicialización del proceso electoral, con dedicatoria a la candidata que el sistema de corruptos considera peligrosa para la conservación del ya anciano e insostenible statu quo colonial.
La historia conservará el voto razonado de doña María Eugenia y, muy pronto, el mismo será celebrado con la inscripción que finalmente ordenará la Corte de Constitucionalidad a favor de doña Thelma.
