Claudia Escobar

claudiaescobarm@alumni.harvard.edu

Es juez guatemalteca, reconocida internacionalmente por su labor en contra de la corrupción. Recibió el reconocimiento “Democracy Award”. Escobar ha sido fellowen la Universidad de Harvard y Georgetown University.  Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona; Abogada por la Universidad Francisco Marroquín. También tiene estudios en ciencias políticas de Louisiana State University

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Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu

Algunos países desarrollados, en solidaridad con los países menos afortunados, han creado programas de apoyo para ayudar al desarrollo de distintas capacidades. A través de las agencias de cooperación internacional facilitan millones de dólares destinados a programas de salud, educación, justicia, seguridad, entre otros. Los países de Centroamérica han sido por décadas beneficiarios de esas contribuciones.

Pero mientras exista la corrupción estructural, no importa que los países amigos inviertan millones en ayuda al desarrollo, este dinero no llegará nunca a los más necesitados. Al analizar el caso de Guatemala es fácil darnos cuenta de que, a pesar de las sumas millonarias que recibe anualmente en apoyo para diversos programas esenciales, los resultados no han sido los esperados. Por eso, tarde o temprano, los países donantes deciden invertir sus recursos en esfuerzos más productivos.

Unos años atrás las agencias de cooperación de Holanda, Dinamarca y Noruega cerraron sus programas para nuestro país y retiraron el apoyo económico. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que está dispuesto a suspender la ayuda para los países del Triángulo Norte, porque sus gobiernos no hacen nada para detener la migración.

El éxodo de migrantes de nuestros pueblos a los Estados Unidos es alarmante. Según los cálculos de la oficina encargada de las aduanas y de protección en la frontera -US Customs and Border Protection- mensualmente llegan 100 mil migrantes centroamericanos que solicitan asilo; solo en el mes de febrero se detuvieron en la frontera a 76 mil personas.

Lo que el presidente Trump no comprende es que las condiciones en que viven las personas que están dispuestas a caminar miles y miles de kilómetros para llegar a los Estados Unidos, son paupérrimas. No tienen acceso a educación, a salud, a un trabajo digno que les permita cubrir sus necesidades básicas. Son millones de seres humanos que en sus países no tiene ninguna oportunidad de salir adelante; porque el sistema está diseñado para que quienes ostentan el poder controlen todos los recursos y se enriquezcan a costillas de un pueblo muerto de hambre.

Quien puede huye de esa realidad, pues no tiene nada que perder. Quedarse de brazos cruzados implica aceptar vivir en la miseria. Al ser preguntada sobre la decisión de abandonar su país, una pobre mujer que caminaba en una de las caravanas que se dirige a los Estados Unidos, manifestó: Es muy difícil porque se dejan seres queridos, pero hay que intentarlo, ¡Hay que dejar el dolor a un lado y caminar!

Para detener la migración hace falta que existan condiciones de gobernabilidad, que los ciudadanos confíen en los órganos de justicia, que los actos de violencia sean la excepción y no la regla, en fin, que el Estado de Derecho funcione. Lo que sucede en Guatemala es todo lo contrario: las instituciones no tienen la capacidad para detener la migración porque estamos gobernados por las mafias. Si Trump quiere parar la invasión de centroamericanos tiene que apoyar a los ciudadanos que luchan contra la impunidad y la corrupción a reconstruir la institucionalidad de la región.

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