Un dardo que la Corte Suprema de Justicia lanzó contra la CICIG al conocer del antejuicio solicitado contra la candidata Sandra Torres ha dado lugar a que la Comisión Internacional responda y deje en evidencia a la fiscal general Consuelo Porras. En efecto, la CSJ, al rechazar el antejuicio contra la candidata de la UNE dijo que se percibía una triquiñuela política de CICIG para afectar a la señora Torres al presentar el caso justamente cuando ella acababa de ser inscrita como candidata, a lo que se responde que si alguna triquiñuela existió fue para beneficiarla.
Pero para ser puntuales y precisos, los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad señalan que el caso fue terminado y elevado por la FECI al despacho de la fiscal general Consuelo Porras el 11 de octubre de 2018 y allí durmió el sueño de los justos por casi cuatro meses hasta cuando, el 5 de febrero del año siguiente, fue presentado justo cuando, “casualmente”, la principal sindicada tenía ya credenciales de candidata presidencial y gozaba de inmunidad. Contrasta, desde luego, esa tardanza con la celeridad que imprimió la misma Consuelo Porras al proceso contra Thelma Aldana para, en este caso, impedir que le extendieran las credenciales.
A la CICIG se le cuestionó en algunos medios porque no avanzaban investigaciones en contra de la UNE y se decía que había sesgo para procesar a otros políticos, como los del PP y de Lider, pero no contra el partido de la señora Torres y por ello esta clarificación era no sólo conveniente sino necesaria para disipar toda duda de preferencia en algún sentido. Y en los días alrededor del 11 de octubre la ahora candidata presidencial no gozaba de ninguna inmunidad y no hubiera llegado el caso a la Corte Suprema para solicitar antejuicio en su contra.
Nadie puede tener ya la menor duda sobre el papel que juega la Fiscal General en el retorno del país a la eterna impunidad que ha caracterizado a nuestro Sistema de Justicia, pero si alguna prueba hacía falta era el conocimiento preciso de la fecha en que la investigación contra la UNE fue terminada y elevada al despacho de la Fiscal Porras quien tiene la facultad legal de decidir en qué momento se presenta el caso. Durante todo este tiempo se supo del retardo malicioso pero nadie daba las fechas en que se había completado la investigación y no es sino ahora, cuando la CICIG acciona de amparo contra la CSJ, que trascienden las oscuras circunstancias que rodean este retardo malicioso.
