Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer, leyendo la transcripción de lo que decían los abogados de los empresarios sindicados por haber financiado secretamente la candidatura de Jimmy Morales, se veía cómo es que tratan de pintar ese crimen como algo irrelevante o, peor aún, hasta digno de encomio porque se dice que pretendían evitar el triunfo de la vieja política y colocar en la Presidencia a quien decía que no era ni corrupto ni ladrón, no obstante que la realidad demostró todo lo contrario.
No se nos puede olvidar la lapidaria frase de Iván Velásquez, detestado por las élites luego de que la pronunció, en el sentido de que el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito que ha permitido la cooptación del Estado. Y es que en ella se resume la dramática realidad de un Estado capturado por quienes por ese medio consolidan su actuación como los dueños del país y del poder, porque sobornan desde antes de llegar a la presidencia a los políticos que incumplen todas las promesas electorales, excepto las que hacen a los financistas.
Es tanto el poder que tienen que hasta la prensa más indecorosa se abstiene de mencionar los nombres de Felipe Bosch, José Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte, Salvador Paiz y Fraterno Vila para no pelear con la cocinera, pero el caso reviste tanta importancia que hasta la Fiscal General terminó tirando al diablo la careta que venía mostrando bajo el argumento de la vigilancia y, simplemente, el Ministerio Público decidió pactar con ese grupo de empresarios el criterio de oportunidad que se aplica en casos de delitos de menor trascendencia y daño, situación a la que se opuso la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y que, con apego a derecho, fue rechazada por la jueza Erika Aifán quien, con esa resolución se puso cruz y calavera, porque se le vendrá encima la peor andanada que hayan experimentado en su carrera judicial.
Decir que el financiamiento electoral es un crimen de poca monta y mínimo impacto jurídico como para que amerite el criterio de oportunidad es corroborar al servicio de que está el Ministerio Público bajo la conducción de la señora Consuelo Porras, quien llegó a cumplir al pie de la letra lo que de ella se esperaba cuando el que da la cara por el amplio Pacto de Corruptos la nombró para desempeñar el cargo de Fiscal General.
El financiamiento electoral prostituido es lo que hundió al país en la mayor corrupción de nuestra historia y se trata de un crimen de altísimo impacto por las implicaciones que tiene en la vida diaria de aquellos guatemaltecos que no tienen nunca una respuesta del Estado ni en materia de seguridad, de justicia, de educación, de salud y de infraestructura porque es a partir de ese negocio secreto entre financistas y políticos que se pone todo el aparato público a trabajar únicamente en su beneficio. Y a cambio de los privilegios así obtenidos se hacen de la vista gorda del resto de cochinadas que se hacen desde el ejercicio del poder.
El peor crimen descubierto por CICIG fue el que ahora despenalizan y pintan como inocuo, con la intención de que pueda seguir la jugosa y alegre fiesta.
