Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

post author

Por: Adrián Zapata
zapata.guatemala@gmail.com

La grotesca corrupción indignó al pueblo, o por lo menos a las clases medias urbanas, en el año 2015. La plaza central de ciudad Guatemala se desbordó de gente y el gobierno corrupto se desplomó. Sin dejar de valorar la movilización popular que provocó la indignación, es necesario tener presente que la bendición de los Estados Unidos jugó un papel fundamental en ese desenlace.

Con la inconsistencia que usualmente caracteriza la espontaneidad de la acción propia de los movimientos sociales, la indignación ciudadana no cuajó en una propuesta política transformadora. Más bien produjo una salida reaccionaria, con la llegada de Jimmy Morales, la cual fue apoyada y promovida por los poderes tradicionales (Estados Unidos y empresariado nacional).

En ese nuevo contexto, en el año 2016 continuó la lucha contra la corrupción y la impunidad, impulsada por la CICIG, con el apoyo decidido del Ministerio Público. A pesar de los errores y los desmanes que pudieran haber existido en ese actuar, el balance no puede menos que reconocer el trabajo realizado por quienes encabezaron ambas instituciones, contando con el “apoyo” del norte.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Con mucha habilidad y haciendo alianzas con diversos actores perjudicados, real o potencialmente, por la acción de CICIG y el MP, el gobierno de Jimmy Morales logró, en la práctica, sacar a la Comisión y al Comisionado del país. Logró también neutralizar las reacciones del gobierno de Trump y evitar, coyunturalmente, que Estados Unidos jugara un papel decidido de apoyo a la CICIG. Y, a nivel nacional, los asustados empresarios, sabiendo que tenían techo de vidrio, también terminaron apoyando al gobierno.

En este contexto hay que subrayar que se produjo en el último período una contradicción cada vez más profunda en el país, alrededor del tema de la CICIG, permitiendo que los actores sociales y políticos pudieran ser catalogados, con cierto esquematismo, como integrantes del “Pacto de Corruptos” o partidarios de la continuidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Así las cosas, el tema de la corrupción se ha convertido en el epicentro del terremoto electoral que estamos viviendo. Ese es el “tema” ineludible en la campaña electoral. Unos se reivindican arcángeles en esta cruzada y otros resisten con banderas de papel, como la defensa de la soberanía y otras barbaridades.

Pero lo gravísimo es que este epicentro desvanece los problemas estructurales. Ahora resulta que sin corrupción todo sería casi un paraíso. ¡Falso! Sin restarle la importancia a la necesidad de combatirla, no hay que permitir que su relevancia termine por ser una alfombra que oculte los problemas estructurales del país, por ejemplo, la desigualdad y la pobreza que ella provoca o la imposibilidad que exista un Estado capaz de cumplir el mandato constitucional de lograr el bien común contando con apenas un diez por ciento de carga tributaria.

Artículo anteriorManuel Colom, un estadista
Artículo siguienteUn Pacto Ciudadano necesario para Guatemala