Víctor Ferrigno F.
Ayer al mediodía, los noticiarios y las redes sociales se vieron desbordadas por la noticia que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Víctor Manuel Cruz Rivera, dictó orden de captura contra Thelma Aldana, ex fiscal general y candidata del Partido Semilla, quien viajó fuera del país.
Los rumores y confusiones fueron aclarados por el vocero de la PNC, quien confirmó la orden de captura y la solicitud a Interpol para la búsqueda y detención de la exjefa del Ministerio Público.
Al final de la tarde, el Partido Semilla aclaró que su binomio presidencial había sido inscrito por las instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que Aldana ya gozaba de derecho de antejuicio, y no podría ser capturada.
Más allá de las sindicaciones, sorprende que Thelma Aldana no haya sido citada a declarar antes de ordenar su captura, y que ésta se haya dado justo cuando el TSE tramitaba su inscripción como candidata, habiendo contado el Ministerio Público con más de diez meses para procesarla, después de haber dejado el cargo.
El primer resultado es que se agravó la incertidumbre política y legal del proceso electoral, y se minó aún más la credibilidad de las instituciones, pues el proceder de la actual fiscal, Consuelo Porras, deja mucho que desear.
Cualquier parvulario se da cuenta que se está judicializando la política electoral, para impedir que sea el Pueblo soberano quien decida quién gobernará al país, lo que equivale a poner en jaque a la democracia representativa y al Estado de Derecho.
Es evidente que tras estas acciones hay una trama política que solamente puede provenir del Pacto de Corruptos, que temen la posibilidad de que Aldana llegue a ser Presidenta. La colusión de empresarios venales, políticos corruptos y militares genocidas para seguir gozando de impunidad está llevando al país hacia un despeñadero sin retorno.
Un somero análisis del escenario político-electoral, tan incierto como voluble, permite prever que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con las honrosas excepciones de siempre, despojará a Aldana del derecho de antejuicio, para congraciarse con los poderes fácticos que les promovieron, y de quienes depende su reelección. En el Congreso, es previsible una alianza de los partidos TODOS, UNE y FCN, para ratificar tal decisión y nombrar una comisión pesquisidora que dará luz verde a su enjuiciamiento.
Obviamente, Thelma Aldana se defenderá promoviendo una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que posiblemente le otorgará un amparo provisional, lo cual le permitirá continuar en la contienda, y no es descabellado pensar que podría ganar en segunda vuelta.
El segundo resultado de este peligroso accionar es que, sin quererlo, el Pacto de Corruptos encumbró a Thelma Aldana al victimizarla, aumentando la aceptación electoral que goza, según las últimas encuestas. A ello contribuye unas elecciones muy cortas, sin certeza normativa, y una atomización del voto hacia más de veinte presidenciables.
En esta creciente crisis político-institucional no hay que descartar que, en su desesperación, el Pacto de Corruptos intente impedir o afectar el proceso electoral si el triunfo de Aldana fuera plausible, lo cual sería muy grave para un Estado al borde del abismo, donde la bandera de la impunidad ondea a los cuatro vientos, y la ciudadanía permanece petrificada ante tanta ignominia.
