Desde que se propuso su creación, en el Consejo de Estado que funcionó en tiempos de Ríos Montt, el Tribunal Supremo Electoral se concibió precisamente como la máxima autoridad para manejar todo lo relacionado con los procesos de elección de autoridades del país. Se salía de una época de sucesivos fraudes electorales en las elecciones de 1974, 1978 y 1982, además de que todo, incluyendo la inscripción de partidos políticos, se decidía por un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de esa cuenta se hacía indispensable crear un modelo distinto encomendado a juristas de prestigio que fueran propuestos por la Academia nacional.
Surgen al mismo tiempo, entonces, las Comisiones de Postulación integradas por las universidades y el Colegio de Abogados que, todavía en tiempos de Mejía Víctores, integraron un listado que privilegió el prestigio y la honesta trayectoria antes que cualquier otro tipo de consideración. Se eligió así como primer Presidente del TSE y símbolo de esa decisión, al abogado Arturo Herbruger Asturias quien durante el gobierno de Árbenz presidió la Corte Suprema de Justicia con tal independencia que se declaró con lugar un Amparo contra la Reforma Agraria, lo que provocó la disolución de la CSJ de ese tiempo.
Con los naturales altibajos el Tribunal Supremo Electoral ha gozado de prestigio y respeto, no obstante que a través del tiempo se empezó a notar el efecto de las ya prostituidas Comisiones de Postulación y de las decisiones de diputados a los que lo que menos les importa es el prestigio y decencia de quienes sean nombrados porque, al fin y al cabo, hace ya mucho tiempo que viene funcionando lo que ahora se reconoce como el Pacto de Corruptos que no es invento nuevo.
En la actualidad hasta el mismo Jimmy Morales cuestiona la transparencia del TSE y actuaciones erráticas han hecho que se generen dudas sobre la idoneidad de los magistrados. Reaparece el fantasma de fraudes electorales que había desaparecido del escenario nacional porque las anomalías que pudieron ocurrir fueron minimizadas por la opinión pública y los mismos partidos políticos.
Hoy ese Tribunal Supremo Electoral tiene el control del proceso que sin duda se tiene que reputar como el más importante de la historia reciente por el simple hecho de que está en juego la posibilidad de continuar la lucha contra la corrupción e impunidad o el triunfo de los corruptos que quieren sepultar sus avances.
La responsabilidad que recae sobre los magistrados titulares y suplentes es enorme pues de su independencia y decencia dependerá mucho del futuro del país.
