Raúl Molina
Se han ejercido enormes presiones políticas y morales sobre el Congreso para que no apruebe la infame ley contenida en el proyecto 5377, mal llamada “Ley de Reconciliación Nacional”, cuya tercera lectura estaba prevista para el día 13 de marzo; dicha acción fue pospuesta. El rechazo ha sido expresado muy enfáticamente por la ONU, porque se violaría el derecho a la justicia de decenas de miles de personas, para satisfacer las ansias de impunidad de un puñado de criminales y corruptos. La señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ha destacado que aprobar el proyecto de ley significaría un enorme retroceso para la doctrina y práctica de los derechos humanos; y se han sumado al rechazo diversos relatores especiales. También el ente principal para la defensa de los derechos humanos para el continente americano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al Estado de Guatemala que respete sus compromisos asumidos con la firma y ratificación del Tratado de San José; curiosamente, guardan un ominoso y cómplice silencio el Grupo de Lima y el hasta ahora Secretario General de la OEA. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, manifestó su oposición a la ley con fecha 14 de febrero y hace pocas horas la señora Kimberly Breier, Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró su gran preocupación y rechazo. Igualmente, congresistas piden aplicar la Ley Magnitsky a las y los promotores del proyecto y el senador demócrata Leahy aseveró: “Una amnistía nunca debe concederse a quienes cometen crímenes de lesa humanidad”.
Más contundente es la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que pidió al Estado de Guatemala archivar la iniciativa por contravenir diversos mandatos emitidos por dicha Corte sobre crímenes de lesa humanidad en Guatemala. La avalancha de críticas y condenas internacionales ha ido acompañada de acciones de la sociedad civil. Destaca la posición de la URNG, que rechaza el concepto de “reconciliación” planteado por los militares y criminales y ha convocado a su militancia y al pueblo a oponerse al proyecto de ley. La protesta ciudadana forzó a que el Congreso no entrara a conocer el proyecto en tercera lectura.
El Pacto de Corruptos responde falsamente que ellas y ellos defienden la soberanía nacional. Álvaro Arzú Jr. ha heredado de su padre la inteligencia (muy poca), el tacto político (inexistente) y la arrogancia (abundante) de la oligarquía al afirmar que ninguna Corte nacional y mucho menos una Corte Internacional va a indicarle al Congreso lo que puede o no legislar. Colocado al frente del Congreso por su padre, desconoce que los Estados no se manejan como fincas, en donde “el patrón” no respeta ningún derecho que no sea el de su torcida nariz. Las órdenes de la CorteIDH son obligatorias para el Estado, no digamos para un Congreso ilegítimo y despreciado por la población. La dictadura de la corrupción puede empecinarse en seguir con la aprobación de la ley –si es que el pueblo la dejara actuar– pero eso no logrará que dicha ley se aplique nunca para proteger a criminales y corruptos.
