Fernando Mollinedo
Principió una vez más, la guerra de las encuestas; en las cuales siempre irán punteando los candidatos que, por medio directo o partidario hayan contratado los servicios de tan honestas, correctas y verídicas empresas que se dedican a esa clase de trabajos, especialmente en épocas de campañas políticas.
Su objetivo: demostrar a la población lectora, radio escucha, televidente o cibernética en condición de voto, la supuesta aprobación de las masas para los candidatos a cargos de elección popular; indicando que su margen de error es mínimo. Pero más allá de las estadísticas en sí, se deberían cuestionar los marcos de referencia de la comentocracia para observar e interpretar la realidad política.
Convendría a los candidatos realizar cambios y referentes en su lenguaje, que sus análisis no descalifiquen a otros candidatos con esquemas político-mentales tradicionales como: marxista, comunista, guerrillero, pro soviético, chavista, neoliberal, liberacionista, conservador, nazista, genocidas, retrógrado, militarista, corrupto, anticomunista y demás etiquetas que aún persisten en el imaginario guatemalteco cual si fueses herederos de dichas doctrinas o corrientes políticas.
Cada uno de esos adjetivos calificativos tiene marcos de referencia concretos y su uso por la comentocracia pretende definir la postura ideológica, religiosa, económica y social de los candidatos, para defender o criticar el saqueo, combatir la corrupción y mantener los privilegios que se auto recetan los funcionarios públicos entronizados en el ejercicio del poder.
La comentocracia niega que la corrupción, privilegios, impunidad, complicidad y privatización de los recursos nacionales sea un tema de interés público, además, sigue reciclando con arrogancia política e ideológica los marcos de referencia viejos e inútiles que se niegan a entender los cambios del contexto global cambiante en que nuestra sociedad está inmersa.
Que todo siga igual, como fue en las anteriores administraciones: replicar el modelo neoliberal sin miramientos de ninguna clase, sin una verdadera oposición que pudo haber funcionado como importante contrapeso para lograr una política de beneficio social en general y no sólo para los financistas, funcionarios y empleados públicos que asaltaron el erario de forma vulgar, inmisericorde e ingrata.
Se pretende justificar que la administración del Estado haya distribuido recursos públicos a determinadas instancias privadas surgidas como resultado de supuestos procesos democráticos; léase: las ONG y asociaciones fantasmas, en pocas palabras, el predominio del neoliberalismo empequeñeció al Estado, abrogó funciones sustantivas y vitales como la energía eléctrica, promocionó empresas comerciales y mercantiles financiadas con recursos públicos para supuestamente suplir las ausencias del Estado mismo.
La connivencia y complicidad de administraciones gubernamentales tuvo como objetivo el simular atención a determinados problemas sociales, pero en realidad fue para privatizar el dinero público en negocios y esquemas de enriquecimiento privado. ¡En tiempo de campaña, todos los candidatos se creen “muy de al huevo!
