Jorge Santos
El 25 de febrero pasado se conmemoró el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, precisamente como una forma de recordar el dolor y el terror causado por el Estado guatemalteco y como un recordatorio del día en que se entregó el Informe Guatemala: Memoria del Silencio, que detalla los resultados de las investigaciones por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La CEH estimó que el saldo en muertos y desaparecidos del Conflicto Armado Interno alcanzó a más de 200 mil personas, de los cuales alrededor de 45 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada. La CEH también registró más de 100 mil desplazadas.
Las víctimas, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, el 25 de febrero se movilizaron a nivel nacional para recordar a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, familiares y amigos que fueron víctimas del oprobio y de la política contrainsurgente del Estado guatemalteco, así como para exigir al Congreso la no aprobación de la Iniciativa de Ley 5377, que reformaría el Decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional. Varios son los argumentos que deben esgrimirse para rechazar contundentemente esta iniciativa pro impunidad.
La Iniciativa 5377 presentada por varios diputados, presenta una serie de imprecisiones, un claro desconocimiento de derecho, manipulación y falsificación de hechos, actos comprobados científicamente, de los Acuerdos de Paz y por supuesto violaciones a principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como del Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional. De tal cuenta que, esta Iniciativa mediocremente presentada por los diputados Manuel Conde Orellana, Julio Lainfiesta, José Ubico (sentenciado por narcotráfico en EE. UU.), Javier Hernández padre e hijo, Jaime Regalado, Fernando Linares Beltranena, Delia Bac, Claude de León, Boris España y por los exmilitares Armando Melgar Padilla y Estuardo Galdámez –quienes sin lugar a dudas están implicados en graves violaciones a los derechos humanos–; más que pretender la tan anhelada Reconciliación Nacional y con ello la Paz, tienen por único objetivo procurar impunidad a criminales que desde su posición de poder, ya sea como militar o como funcionario, se dedicaron a ejecutar extrajudicialmente, desaparecer forzosamente, torturar, violar, esclavizar y masacrar a guatemaltecos, guatemaltecas, comunidades enteras, en las cuales habían niñez, mujeres y adultos mayores.
De tal cuenta, que los 83 diputados y diputadas que apoyaron la aprobación en primera lectura de esta mediocre Iniciativa de Ley, de quedarles un rescoldo de dignidad, deben de rechazar los perversos intentos de la Junta Directiva del Congreso por ingresar en la agenda parlamentaria la misma. Deben de saber con certeza que de aprobarse esta reforma, no sólo estarán cometiendo un agravio constitucional y al derecho nacional e internacional, sino que también se convertirán en cómplices de delitos tales como el de genocidio contra cuatro pueblos indígenas, de la desaparición forzada de más de 5 mil niños y niñas, de más de 600 masacres y cargarán sobre sus hombres el peso del dolor de 200 mil víctimas directas y sus familias.
