Carlos Figueroa Ibarra
El 20 de febrero de 2019, en primeras horas de la mañana fue asesinado el activista y comunicador social Samir Flores Soberanes. El repudiable acto fue realizado en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac en el estado de Morelos. Aconteció en la puerta de su casa cuando salía a realizar sus labores como agricultor. Un día antes, en otro municipio de dicho estado, Samir había expresado públicamente su oposición por la construcción de la Termoeléctrica de Huexca y al Proyecto Integral Morelos en su calidad de dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT). El crimen ocurrió en las vísperas de la consulta popular que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó el 23 y 24 de febrero en 36 de 37 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala. Votaron en dicha consulta aproximadamente 53 mil 500 personas y la votación a favor de la puesta en marcha de la termoeléctrica fue de un 60% contra el 40% que se opuso.
Los activistas del FPDTA-MPT salieron este fin de semana a boicotear una consulta con la que no estaban de acuerdo. Argumentaron que después del asesinato de Samir, no había condiciones para hacerla. Y justo es mencionar que la votación resultó adversa en las localidades de Huexca (en donde está instalada la termoeléctrica) y en Amilcingo (lugar de residencia de Samir) y en otros lugares donde el activismo en contra de la termoeléctrica ha estado presente. En esos lugares precisamente, algunas casillas fueron quemadas y a otras no se les permitió instalarse. Los opositores de izquierda al gobierno de López Obrador lo han acusado de ser el responsable del asesinato de Samir, ya sea por comisión o por alentarlo debido a que el Presidente calificó de “conservadores” a quienes se oponen al proyecto. Es un despropósito acusar al gobierno de haber planificado y ejecutado el asesinato de Samir. Y como se ha dicho, un ejemplo de la reluctancia hacia la violencia del gobierno progresista mexicano es el bloqueo que durante 28 días tuvieron un grupo de maestros en las vías férreas de Michoacán que abastecen de insumos industriales y productos básicos al centro y sur del país. El conflicto se solucionó pacíficamente y a través de la negociación cuando en gobiernos pasados incidentes similares terminaban en desalojos violentos. También parece un exceso acusar al gobierno de haber alentado el asesinato por lo expresado por López Obrador.
Parafraseando a Benito Juárez, Andrés Manuel ha dicho que “Nada por la fuerza, todo por la razón”. Ello implica atender de manera seria el planteamiento de los pobladores de que la termoeléctrica contaminaría el agua que usan y reduciría su suministro. Es loable entonces que el gobierno haya recurrido al Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para que dictamine si el proyecto eléctrico envenenará el agua o no. En materia de violencia y cuidados ambientales, un gobierno progresista tiene que marcar la diferencia con los métodos que usa la acumulación neoliberal.
