Francisco Cáceres Barrios
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Desde el nombramiento del actual Ministro de Gobernación se ha distinguido por asolar sus dependencias, en especial la de la Policía Nacional Civil, así como causarle a la CICIG cuantos perjuicios sean posibles, como de paso, brindar una pésima imagen pública de las instituciones que representa, con tal magnitud que provoca gran rechazo en la población. No estamos pidiendo que el Presidente de la República solo tenga a “moneditas de oro” de colaboradores, pero al menos, debiera tomar en cuenta la capacidad, idoneidad y experiencia de cada uno de ellos pero, lamentablemente es lo que menos ha demostrado el citado funcionario y muchos más, cuyos nombres mejor me abstengo de citar ante el largo tamaño de su listado.
Debo hacer resaltar que lo menos importante es que los funcionarios sean simpáticos, amables o comunicativos con la prensa, pero lo que es indispensable es que sean eficientes en todo el sentido de la palabra, para así lograr el mejor desempeño de sus funciones. Pero quiero referirme hoy, de manera especial, al caso de las extorsiones, amenazas, chantajes y otros delitos que se cometen a diario en contra del transporte de pasajeros urbanos y extraurbanos en todo el territorio nacional, destacando con enorme desagrado la reciente noticia de haber tenido que suspender totalmente el servicio de los autobuses “Tacaná”, lo que ha causado grandes perjuicios a la población del departamento de San Marcos y las adyacentes, puesto que para sus propietarios resultó imposible seguir prestando sus servicios dentro de un marco de inseguridad tal, que provoca a propios y extraños cuantiosos daños y perjuicios.
No estamos hablando de un par de camionetas o de ocasionales incidentes. Se trata de estar bregando a diario con sinnúmero de inconvenientes que representa ya de por sí esta actividad económica en nuestro país, como también mantener todo el tiempo la vida pendiente de un hilo, causa fundamental que los llevó a tomar la decisión de desistir del llevar a cabo la operación, pese a las consecuencias perjudiciales de toda índole que representa para todos los involucrados. Tampoco se trata de un hecho aislado, sino de una permanente condición insegura y generalizada en todo el país, lo que al funcionario citado solo le ha provocado prometer, una y otra vez, el ponerse a investigar, mientras que la población ha tenido que seguir padeciendo sus cada vez más desacertadas acciones y decisiones en este y otros ámbitos, que no corresponden precisamente a cumplir con sus deberes y obligaciones que definen muy bien las leyes de la materia.
El lector se estará preguntando entonces: ¿Es que no hay otra salida para despertar en el Ministro de Gobernación el deber de cumplir con sus deberes? La respuesta es ¡sí hay otra! Pero hay que tener en cuenta que es al Organismo Legislativo a quien corresponde ejercer la función fiscalizadora del Ejecutivo y por experiencia bien sabemos todos que eso es igual a pedirle peras al olmo.
