Mario Alberto Carrera
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Da la esperpéntica impresión de que más de la mitad del Congreso de la República está de acuerdo en reformar la Ley de Reconciliación Nacional (LRN) para mal. La impresión (todavía en un compás de espera funerario) porque fueron ochenta y tres los que, en enero de este año, conocieron en primera lectura las reformas a tan justiciera norma, mismo número que, ante la presión descomunalmente ciega de ¡dos diputados de Estanzuela!, parecen estar de acuerdo que –con desenfreno y troceando– se llegue a las peores consecuencias, esto es, a poder atentar ¡para siempre o en tanto no se conforme un nuevo congreso en 2020!, contra los derechos humanos, sin que el criminal apenas se moleste. Para dejar sin vigencia los delitos de lesa humanidad –o contra la humanidad– el genocidio o la tortura, entre otras “bellezas” satánicas.
De acuerdo con lo informado, tanto en Prensa Libre como en elPeriódico el 15 de este mes, hace sólo unos días (por lo que es muy importante robustecer la oposición de nuestra sociedad civil y opinión pública, enrostrados a semejante malabarismo siniestro) las acémilas del Apocalipsis de nuestro “honorabilísimo” Congreso siguen sin tregua trabajando, cabildeando y complotando y acaso comprando y vendiendo votos, para que se reforme la LRN, fruto malogrado de los Acuerdos de Paz e hijo post-mortem de ellos.
Hace también pocas semanas –puesto que como digo el tema se guisa lenta pero certeramente desde enero– publiqué, en este mismo espacio, dos columnas tituladas “22 años después el putrefacto Congreso de la República intenta dar puñada trapera a la Ley de Reconciliación Nacional”, por lo que estas dos nuevas columnas son un refuerzo y duplicación a mi postura indignada y a la de todos los socialistas liberales de este país, que vamos siendo cada día más en camino al Ejecutivo y al Congreso en 2020. O centroizquierdistas.
Los persistentes del FCN (el partido más puerco por vendido de toda la historia de Guatemala) y del PAN (de absoluta extrema derecha con el Unionista donde anida y vive la muerte) continúan, según los medios ya aludidos arriba, en la espantosa labor de cambiar la LRN en los siguientes términos, dictados por el mismo Girolamo de Savoranola renacido, sólo que en clave castilloarmista:
“Toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decrete medidas de coerción, tales como auto de procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley (LRN), se deberá decretar la amnistía, el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente, en el plazo de veinticuatro horas”.
Pocas veces en la vida he visto un cinismo como el que, en tan pocas líneas, se condensa putrefactamente arriba por estos hijos de Diego de Landa. Hijos de él sobre todo en el odio étnico (que en Galdámez no se explica por su tipo y por su apariencia) y en el apasionado conculcar de los derechos humanos.
El próximo lunes 25 terminaré de comentar el abusivo entrecomillado que cito.
