Jorge Santos
El 18 de enero recién pasado, el Tribunal Supremo Electoral convocó al proceso electoral, del cual saldrá electo el próximo Presidente y Vicepresidente de la República, diputados y diputadas al Congreso y las y los alcaldes de la totalidad de municipios que componen el país. Estas elecciones tendrán como signo distintivo las reformas aprobadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016 y por lo tanto aún con sus vacíos un importante freno, al histórico proceso amañado de elecciones en el país.
El proceso electoral inició mal, no sólo por el cierre político y democrático que el Gobierno de Jimmy Morales y sus aliados han venido impulsando desde su asunción al poder, sino porque resulta que el día de la convocatoria no llegaron ninguno de los tres Presidentes de los poderes del Estado guatemalteco y con ello se ha enviado un mensaje más que claro a la sociedad, o se tiene un proceso electoral ad hoc para la Alianza Criminal que gobierna el país o no habrán elecciones.
De esa cuenta, es que asistimos a una serie de acciones -algunas aparentemente dentro del marco legal vigente y otras fuera de este- que son muestra fidedigna de que este proceso de elecciones generales, será el que la Alianza Criminal organizada en el Pacto de Corruptos quiere o no se legitimaran las elecciones, como mínimo. Desde un inicio del proceso hemos sido testigos de cómo los principales actores partidarios del Pacto, han optado por apuñalar o meter zancadilla a todo aquel o aquella que no logre garantizar la continuidad de los objetivos trazados en materia de impunidad y corrupción. Desde la ilegal necedad de ser candidata a la Presidencia, aún y con prohibición expresa de la Constitución Política de la República, pasando por el reciclaje mal habido de hijos, hijas, esposas, esposos, nueras, yernos y demás parentela confusa que las y los partidos políticos de la corrupta derecha han impulsado, hasta el alineamiento que los poderes fácticos en el país, realizan para que la ciudadanía guatemalteca no tenga más opción que escoger entre sus candidatos y candidatas.
Es por ello, que las distintas élites que componen la Alianza Criminal del Pacto de Corruptos pretende cobijar dentro del mismo paraguas de la impunidad a sus distintas candidaturas, aún y cuando eso implique romper con el marco legal vigente. Esta Alianza impulsa a los partidos políticos capaces de continuar y sostener el pacto de impunidad y corrupción trazado desde 2018. No les importa, si sus candidaturas estén plagadas de ilegalidades, que no sepan nada o muy poco de la administración pública o bien que previamente hayan sido condenados por casos tan graves como el delito narcotráfico.
Así que atrévase usted a mojarse, a salirse del paraguas que cobija la impunidad y corrupción, piense fuera de ese cuadro y considere que la opción que ofrece la Alianza Criminal en sus variopintos colores no es más que una única opción y que este país, merece la posibilidad de construir otro destino.
